En el año 2000, 17 millones de personas residentes en Estados Unidos dependían de los conocidos como cupones de alimentos o bonos de comida. En total, el gasto para el Estado, hace ya 18 años, era de 17.000 millones de dólares. En 2016, 44 millones de personas dependían de estos bonos y el costo para los contribuyentes ascendió a 70.000 millones. Este rápido crecimiento tiene que ver con el cambio en los requisitos para solicitarlos y con la pretensión de los estados por dar cada vez más ayudas a los ciudadanos -una técnica utilizada para clientelizar el voto de los benefactores de los bonos-.
Según la ley federal, los adultos sanos con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años, sin problemas para poder encontrar un trabajo que supere las 20 horas semanales, solo pueden disfrutar de estos cupones durante tres meses. Sin embargo, la normativa exime a los padres que no tengan discapacidad y a los adultos mayores de 50 años. Es decir, un hombre o una mujer sin discapacidad, que tengan menos de 50 años y que sean padres pueden solicitar esta ayuda sin más requerimientos. El problema se ha agrandado en los últimos años, ya que muchos estados han comenzado a quitar requisitos para solicitar el bono de comida.
Antes, este tipo de ayudas sociales se centraban en aquellas zonas donde hubiera altas tasas de desempleo, pero a día de hoy en ciudades con un 2,1% de paro se siguen concediendo. Por otro lado, se han suprimido los límites de ingresos al año en varios estados, por lo que un millonario o un ganador de la lotería puede solicitar estos cupones. Todo esto ha disparado las inscripciones en el programa en los últimos años.
Las personas mayores, los niños, los más pobres y los discapacitados han pasado a ser los principales destinatarios a convertirse en una porción pequeña. El número de adultos sin discapacidad viviendo de estos cupones se sitúa en 21 millones -casi la mitad del total de los benefactores-. Según los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, solo el 10% de los befeciarios de los cupones de alimentación trabajan a jornada completa, mientras que un 62% no trabajan en nada y, por tanto, viven de las ayudas sociales. Casi 13 millones de adultos sin discapacidad y en edad de trabajar no tienen empleo y viven de este tipo de ayudas. Todo esto en un país donde la tasa de paro se sitúa en el 4,1%.
La Ley Agrícola de Trump
En Estados Unidos se necesitan trabajadores, de hecho, han comenzado a tirar de los adolescentes para muchos puestos de trabajo. La tasa de paro entre los más jóvenes se sitúa en su niveles mínimos. La previsión es seguir creando empleo en los próximos años y reducir la tasa de desempleo por debajo del 4%.
Precisamente, para que muchos de esos adultos que viven de la asistencia social vuelvan al mercado laboral, Donald Trump pretende aprobar la Ley de Agricultura en este 2018. Con esta normativa, Estados Unidos pretende recrear el éxito de Clinton en 1996 -en aquel año, se aprobó una reforma para incentivar el trabajo y acabar con el fraude del bienestar-.
La medida estrella será cambiar el dinero que reciben los benefactores por cestas de comida. Es decir, en lugar de recibir cada mes en la cuenta bancaria el ingreso de la ayuda social -varía en función de cada persona-, recibirán una cesta de alimentos no perecederos. Esto, según el Gobierno, supondrá un ahorro de 130.000 millones de dólares en los próximos diez años.