El Gobierno de Canarias ha presentado este lunes el borrador del nuevo decreto que regula el alquiler vacacional en el archipiélago que impide su desarrollo en suelo residencial en zonas turísticas, aunque admite la posibilidad de que cabildos y ayuntamientos fijen excepciones. El texto, que se somete ahora a un periodo de información pública de un mes, deberá contar también con los informes favorables de distintos departamentos del Ejecutivo y del Consejo Consultivo para ser aprobado definitivamente en Consejo de Gobierno a final de año.
En rueda de prensa, el consejero regional de Turismo, Isaac Castellano, ha comentado que el objetivo del Gobierno es "actualizar" la normativa, ayudar a garantizar el acceso a la vivienda de los residentes, apostar por la "sostenibilidad y calidad" y evitar el "crecimiento desordenado" sobre el territorio. Castellano ha comentado que se abre la puerta a que las corporaciones locales establezcan "excepciones" o fijen "marcos flexibles", dejando claro que por jerarquía urbanística, primará el criterio de los cabildos en caso de disparidad de criterios con los ayuntamientos.
Las viviendas de alquiler vacacional tendrán seis meses para adaptarse a la nueva normativa cuando se apruebe, y quedan fuera de la regulación las islas verdes, tal y como quedaba recogido en su propia ley. El borrador de decreto establece también diferencias entre los propietarios, ya que los que posean tres o más viviendas tendrán categoría de actividad profesional y deberán contar con trabajadores y un equipamiento mínimo, al igual que las casas rurales.
Además, se establece que debe haber operativo un teléfono 24 horas para registrar incidencias. En cuanto a las plataformas digitales, el borrador de decreto establece que las viviendas en oferta deben contar con el número de registro y si se detecta alguna plaza irregular, deberán ser eliminadas en un plazo máximo de seis meses.
Una plantilla de 14 inspectores
Para llevar a cabo la aplicación del decreto, la Comunidad Autónoma cuenta con una plantilla de 14 inspectores, que se apoyarán en un futuro plan de inspección turística que atenderá "de forma "destacada" al alquiler vacacional, ha detallado Castellano.
El consejero ha incidido también en que el decreto no toma medidas sobre las comunidades de propietarios porque la ley de propiedad horizontal es competencia del Estado, y ha resaltado la intención de la Comunidad de convocar una mesa de trabajo entre Comunidades y el Estado.
Según el último estudio de la Comunidad Autónoma con respecto a 2017, Canarias dispone de un total de 31.975 casas en régimen de alquiler vacacional, un 5,8% más que el año anterior y un total de 131.032 camas, un 1% más. De ellas, unas 6.600 casas están autorizadas por los cabildos.