Son muchos los políticos y analistas que hablan de pensiones en los últimos tiempos, pero pocos los que son capaces de estimar y explicar de forma clara las consecuencias de mantener el actual modelo de reparto y el verdadero coste económico de modificar ciertos parámetros, tal y como acaba de acordar el Gobierno tras su reciente pacto presupuestario con el PNV. Una de esas excepciones es José Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de esta misma institución.
Así, entre otras muchas estimaciones, este grupo de expertos calcula que volver a indexar las pensiones al IPC costaría a los contribuyentes más de 700.000 millones de euros de aquí a 2038, con todo lo que ello supondría para el bolsillo de los contribuyentes y el crecimiento potencial del país. Libre Mercado ha entrevistado a Devesa sobre la compleja situación que atraviesa en estos momentos la Seguridad Social y las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo.
- ¿Cuál es el verdadero origen del actual déficit de la Seguridad Social? ¿Es un problema de gastos o de ingresos?
El déficit siempre es un problema de ambos elementos. Históricamente, los ingresos contributivos del sistema de pensiones representan un 10% del PIB mientras que los gastos contributivos han ido fluctuando y, actualmente, están en un 11,6% del PIB, con lo que el déficit de caja es del 1,6% sobre el PIB. Es una ventaja conocer el nivel de ingresos actuales y futuros porque, para no incurrir en déficit, basta con ajustar los gastos a ese nivel.
Pero, en realidad, hay un problema de fondo que no se suele comentar, y es el déficit actuarial del sistema, debido a que entrega, en términos comparables, 1,30 euros por cada euro que recibe de los cotizantes. Esta situación, antes o después, se hace insostenible si no se reforma actuarialmente el sistema [equilibrando gastos e ingresos a largo plazo].
- El Gobierno insiste en que la mejor receta contra el déficit es la creación de empleo, pero ¿acaso la sostenibilidad del modelo de reparto no depende también y, en mayor medida, de la evolución demográfica?
La sostenibilidad contributiva del sistema depende del empleo, de la evolución demográfica y de otras variables. En definitiva, consiste en comparar ingresos y gastos actuales y futuros y, precisamente, el Índice de Revalorización de las Pensiones tiene en cuenta todos esos elementos, siendo su objetivo principal que no haya déficit en el sistema. En este sentido, lo relevante no es cada uno de esos elementos por separado, sino su consideración conjunta.
- PP y PNV acaban de pactar una subida de las pensiones en función del IPC en 2018 y 2019, así como retrasar la aplicación del Factor de Sostenibilidad a 2023. ¿Supone esto la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 o, por el contrario, considera que es algo puntual?
En las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco se habla de revalorizar en 2018 y 2019 el 1,6%, sin hacer mención expresa del IPC. También se pide el retraso en la aplicación del Factor de Sostenibilidad, trasladando el problema al Pacto de Toledo, pero señalando que la fecha de aplicación del Factor de Sostenibilidad no puede ser posterior al 1 de enero de 2023.
Entiendo que se ha tenido un cuidado especial en que no parezca que las enmiendas suponen una derogación de la reforma de 2013, sino un simple aplazamiento. Pero me surgen muchas dudas de que en el futuro no se puedan volver a tomar medidas similares a las de este año.
- ¿Qué opinión le merece este acuerdo?
Me parece una mala medida, además de por el coste que supone, por la mala imagen y la pérdida de confianza que va a dar a la Unión Europea, a otros organismos internacionales, a los mercados, a las agencias de rating, incluso a los propios cotizantes. Supone paralizar una norma, cuyo objetivo principal era obligar a que el sistema de pensiones no pudiera financiarse constantemente con déficit.
- ¿Qué coste tendrá para las cuentas del sistema a corto, medio y largo plazo?
Acabamos de terminar un estudio donde hacemos una valoración de todo ello [el coste a largo plazo ronda los 40.000 millones de euros].En cuanto a la revalorización de las pensiones, según como se prevé que quedarán aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2018, (1,6% en 2018 y 2019, más el incremento de las pensiones mínimas, más el incremento de las pensiones de viudedad, a algunas de las cuales se les aplicará un coeficiente que pasará del 52% al 56% en 2018 y del 56% al 60% en 2019) hay un "problema oculto", que llamamos así porque pasa desapercibido para muchos y es que cada revalorización se consolida en el sistema y hay que seguir pagándola a cada uno de los que la recibe hasta que causa baja en el sistema.
El incremento total en 2018 será de unos 2.550 millones de euros, lo cual supone un aumento de 2.200 millones de euros respecto de que se hubiera revalorizado solo el 0,25% (según el Índice de Revalorización de las Pensiones). En 2019, el incremento de coste generado por las medidas será de unos 5.000 millones de euros, casi el doble que en 2018 porque aparece el "problema oculto", al tener que seguir pagando los incrementos de 2018 y tener que hacer frente a los nuevos incrementos de 2019.
Además, está el coste añadido del retraso en la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que al principio será de cuantía pequeña, pero a medio y largo plazo esto va a suponer un gasto adicional de un 2% de las pensiones de jubilación, que supone alrededor de un 1,2% del gasto total en pensiones.
- ¿Y para el contribuyente? ¿Cuánto tendría que aumentar la recaudación para poder financiar semejante gasto?
Al fin y al cabo, esto se va a tener que financiar con más ingresos o con más deuda. El problema que hay que resolver es qué grupo de contribuyente lo va a financiar. Si es mediante deuda, lo pagarán los contribuyentes futuros, y si es mediante aumento de ingresos, dependerá del impuesto elegido, ya sea uno de los existentes o alguno de nueva creación.
Lo que no parece probable es que se financie con un aumento del tipo de cotización. Sin hacer proyecciones a futuro, solo para que desapareciera el déficit de 2017, de unos 18.800 millones de euros, habría que rebajar un 18% la cuantía de todas las pensiones de ese año. Esto nos da una idea más clara de la magnitud del problema.
- ¿Es sostenible financieramente? ¿Nos arriesgamos a sufrir una nueva crisis fiscal en el futuro o a sufrir ajustes bruscos como el acontecido en Grecia, por ejemplo?
Las cifras que he dado antes de 2.550 y 5.000 millones de euros de coste en 2018 y 2019, en realidad solo es la parte visible del iceberg. Un procedimiento más adecuado consiste en sumar actuarialmente el incremento de gasto que supone en los años futuros la revalorización de las pensiones de 2018 y 2019 por encima del 0,25%, inicialmente previsto, hasta el 1,6%, que muy probablemente será el aprobado. En ese caso, la cifra sería de 39.400 millones de euros en unidades monetarias de 2018.
¿Por qué aparece esta cifra tan grande? Por el efecto oculto que he comentado anteriormente, por el cual la revalorización de un año se tiene que seguir pagando durante los siguientes años a todos sus beneficiarios, hasta que salgan del sistema. No creo que ocurra lo que aconteció en Grecia, con una rebaja del 40% de las pensiones, pero esto nos da un toque de atención para que estemos vigilantes y ajustemos los ingresos a los gastos para no incurrir en un déficit estructural permanente.
- ¿Qué opina de quienes exigen derogar, no solo la reforma de 2013, sino también la de 2011? ¿Qué consecuencias tendría?
Las cifras que acabo de ofrecer creo que son suficientemente representativas de los efectos que tiene una medida aparentemente "inofensiva", como es la revalorización de 2018 y 2019. Esto es debido a la enorme cifra de gasto en pensiones que se está pagando: 115.000 millones de euros en el caso de las pensiones contributivas.
Ninguna de las dos reformas debería derogarse, pero, en todo caso, considero insustituible el Índice de Revalorización de las Pensiones y creo que debería seguir manteniéndose, aunque hubiera reformas en el futuro. Las consecuencias son fáciles de imaginar: un gran endeudamiento futuro y, probablemente, habría que obtener parte de los recursos para el pago de pensiones de otros gastos sociales: Educación, Sanidad, Dependencia, Servicios Sociales.
- ¿Qué situación les depara a los futuros jubilados? ¿Deberían ahorrar para complementar sus pensiones o confiar al 100% en las promesas de los políticos?
Independientemente de lo que cada uno crea que puede ocurrir en el futuro, la opción de ahorrar debería estar en la mente de todos. El ahorro puede materializarse en vivienda o en cualquier producto financiero, no necesariamente en un Plan de Pensiones. Desde el punto de vista financiero, es bueno diversificar las fuentes de ingresos que vamos a recibir cuando alcancemos la jubilación.
- ¿Qué modelo o reformas concretas propone en materia de pensiones? ¿Cuentas nocionales? ¿Sistema mixto?...
Yo soy partidario de pasar a un sistema de Cuentas Nocionales. Es un sistema de reparto (como el actual), de aportación definida (mientras que el actual es de prestación definida), donde existe una mayor relación entre las aportaciones y las prestaciones, eliminando muchas de las inequidades que presenta el sistema actual. Un valor añadido de este sistema es que solucionaría el problema actuarial del sistema. Además, este sistema podría ser complementado con una serie de elementos:
- Una parte pequeña (alrededor de un 10-15% del total) destinada a un sistema de capitalización.
- El fomento de los planes de pensiones de empresa.
- El mantenimiento de un sistema de pensiones mínimas.