El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la pieza separada que abrió para investigar el diseño y la comercialización de las preferentes de Caja Madrid al considerar que no ha quedado acreditado que la entidad emitiera este producto financiero con el objeto de engañar a los inversores.
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 expone que ha terminado la instrucción de la pieza separada del 'caso Bankia'y que, de la misma tampoco se ha podido comprobar que los directivos de la caja extinta contra los que se dirigió la querella emitieran estas participaciones a sabiendas de que se trataba de un producto tóxico con el fin de engañar a los clientes.
Tampoco ha quedado acreditado, dice el juez instructor, ni por la vía testifical ni documental, que los comerciantes de las entidades recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados de manera que se contradijera lo recogido en los contratos.
Con todo, Andreu reconoce que se han podido producir "graves deficiencias" en la comercialización de este producto financiero y por ello abre la posibilidad a que los afectados por las preferentes recurran a las "oportunas acciones civiles o penales" para resarcir sus intereses.
Además matiza que en este caso no se acredita la existencia de estafa tal y como se reconoce en la jurisprudencia porque para ello hubiera sido necesario que los directivos de Caja Madrid que impulsaron la emisión de preferentes fueran conocedores en ese momento de la futura situación de insolvencia de la entidad que acabó integrando el Sistema Institucional de Protección (SIP) del que nació Bankia.
Cinco años de investigación
El magistrado inició la investigación en el año 2013 contra los directivos de estas entidades por su posible responsabilidad en la comercialización de preferentes, pero relegó a los juzgados territoriales competentes la instrucción por el papel que jugaron los empleados de las sucursales de Caja Madrid, Bancaja y Bankia que vendieron estos productos.
Andreu adoptó esta decisión con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción que considera que el lanzamiento y venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera un "plan preconcebido" para su gestión y diseño.