Cristóbal Montoro se ha convertido por méritos propios en el peor ministro de Hacienda de la historia de la democracia, y no sólo por haber protagonizado la subida de impuestos más gravosa que, por desgracia, han tenido que sufrir los españoles, sino por la absoluta indefensión a la que están sometidos los contribuyentes a la hora de lidiar con Hacienda.
Montoro ha sido, y sigue siendo, un pésimo ministro por haber disparado la fiscalidad como nunca antes lo había hecho nadie, hasta el punto de adelantar por la izquierda al nefasto PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. No en vano, bajo la dirección de Mariano Rajoy, el PP ha subido todos y cada uno de los grandes impuestos, desde el IRPF y el IVA hasta el Impuesto de Sociedades, y lo ha hecho, además, en plena recesión, dificultando así la pronta y sólida recuperación de la economía nacional.
Asimismo, España, gracias a esta errónea política presupuestaria, todavía registra el mayor déficit de la zona euro, superior al límite máximo del 3% del PIB que exige la normativa comunitaria, por encima incluso de países que tuvieron que ser rescatados, como es el caso de Grecia, Irlanda y Portugal. Fruto de este constante y abultado agujero fiscal, la deuda pública ronda el 100% del PIB y alcanza una cifra récord en términos nominales, tras aumentar a un ritmo inédito en los últimos años. Todo ello pone en un brete a la economía española, cuya estabilidad y buena marcha no dependen tanto de sus fortalezas intrínsecas como de la favorable coyuntura exterior. Así, en caso de que las turbulencias financieras regresen a los mercados, España volverá a atravesar serias dificultades.
Pero es que, además, por si todo esto fuera poco, la gestión de Montoro también se ha caracterizado por sembrar la inseguridad jurídica al frente de Hacienda, de modo que el contribuyente se encuentra indefenso ante las habituales actuaciones arbitrarias y abusivas de la Agencia Tributaria, cuyo único fin es recaudar lo máximo posible sin importar las consecuencias, tal y como acaba de denunciar un nutrido y prestigioso grupo de catedráticos de Derecho Financiero y Tributario.
La denuncia que realizan estos académicos da buena cuenta de la nociva forma de actuar que ha demostrado el PP en materia fiscal, ya que, además de invertir la carga de la prueba, sustituyendo la presunción de inocencia por una intolerable "presunción de culpabilidad", Hacienda ha dejado de contemplar al contribuyente como un ciudadano para empezar a considerarlo como un simple "súbdito", sin derechos que lo asistan, más allá de pagar todo lo que se le exija sin rechistar. Esta forma de actuar, impropia de un Estado de Derecho serio y consolidado, tan solo ostenta un "afán recaudatorio" a cualquier precio, pisoteando incluso los "derechos y garantías" de los contribuyentes, según el citado documento. Prueba de ello es que, de los 1,6 millones de reclamaciones interpuestas contra Hacienda en los últimos años, cerca de la mitad estaban bien fundamentadas, evidenciando así el brutal atropello que está cometiendo el Estado.
Estos catedráticos no son los únicos que han denunciado esta indefensión, puesto que los asesores fiscales llevan años alertando de la inseguridad jurídica que existe hoy en materia fiscal, así como los numerosos abusos que protagoniza la Agencia Tributaria en su labor de inspección y liquidación de impuestos. Esta situación resulta inadmisible. El Gobierno debe restaurar el marco de derechos y garantías que asiste a los contribuyentes y cesar de una vez por todas a Montoro por ser el responsable directo, aunque no el único, de semejante desaguisado.