Hace escasas semanas, Cristóbal Montoro concedió una entrevista al diario El Mundo en la que definió del siguiente modo su trayectoria política e ideológica:
La derecha no me reconoce como uno de los suyos porque no lo soy. Pasé por las Casas del Pueblo. Fui ponente económico del Partido Socialdemócrata en 1976, una opción progresista pero no marxista, al contrario que el PSOE de entonces. Estaba Luis Gámir, y luego Rafael Arias Salgado integró el partido en la UCD, pero yo me fui. Siempre rechacé el marxismo, pero ni soy conservador ni democristiano: mis orígenes sociales y doctrinales son otros. Por eso soy del PP, una gran familia que va del centro a la derecha. Liberalismo es anteponer los derechos del individuo, pero completándolos con la acción del Estado. Los liberales ultramontanos no entienden la segunda parte. Sin Estado no hay igualdad de oportunidades.
El discurso socialdemócrata que suele enarbolar el ministro de Hacienda choca con la línea que siguen las principales figuras del centro-izquierda europeo. El mejor ejemplo lo tenemos en Alemania, donde el homólogo de Montoro, Olaf Scholz, acaba de presentar un presupuesto radicalmente distinto a los que viene aprobando el Ejecutivo español.
Conocido es que la Administración Rajoy incumplió el objetivo de déficit en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Solamente en 2017 se respetaron los compromisos acordados con Bruselas. Aún así, el pasado curso se cerró con un descuadre fiscal del 3,07% del PIB. Esto significa que las Administraciones Públicas gastaron 35.758 millones de euros más de lo que ingresaron.
La austeridad de la socialdemocracia alemana
Por eso resulta interesante comprobar que el nuevo ministro de Hacienda de Alemania tiene una línea completamente distinta a Montoro. Scholz se declara socialdemócrata y milita en el SPD, uno de los principales partidos de centro-izquierda del Viejo Continente. Su primera propuesta presupuestaria tiene las siguientes características:
- Recorte de la inversión pública, no solo en términos relativos sino también de forma nominal.
- Aminoración de la aportación presupuestaria a la Unión Europea, que quedaría limitada al mínimo exigido por Bruselas.
- Reordenación del gasto en Defensa, con el objetivo de dejar su peso sobre el PIB en términos más bajos.
- Congelación del gasto en "ayuda al desarrollo", que ya no superará el 0,5% del PIB.
De esta serie de medidas se siguen dos grandes principios:
- Las Administraciones tendrán un superávit fiscal cercano al 1% del PIB en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.
- El peso de la deuda pública seguirá bajando, situándose en 2019 por debajo del 60% del PIB fijado por el Tratado de Maastricht.
Por el contrario, en España tenemos un déficit presupuestario que ronda el 2% del PIB y que está en riesgo de experimentar un cambio a peor como consecuencia del aumento de gasto anunciado tras la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018. Además, España tiene una deuda pública del 100% del PIB y no ve reducida esta ratio a pesar de que la economía está creciendo en el entorno del 3%.