Los estibadores analizarán este miércoles la posibilidad de volver a convocar paros en el sector, en protesta por el hecho de que el Gobierno aún no haya aprobado el desarrollo normativo de la reforma del oficio un año después de su implementación.
Así lo indicaron a Europa Press en fuentes de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato de estibadores.
En el marco de la reforma de la estiba, aprobada por Real Decreto Ley en mayo de 2017, el Gobierno se comprometió a articular a través de un Real Decreto medidas para la reconversión del sector que no pudieron incluirse en el texto por el que se reestructuró al no permitirlo la normativa europea.
Entre dichas medidas figura la articulación de las ayudas comprometidas por el Gobierno para el plan de prejubilaciones acordado con el colectivo de estibadores.
El hecho de que estas y otras medidas aún no estén aprobadas dificulta a la estiba cerrar la negociación del nuevo convenio sectorial para adecuarlo a la reforma. Además, se da la circunstancia de que los actuales convenios empiezan a vencen al cumplirse un año de la aprobación de dicha reforma del gremio.
Fomento dice que lo ultima
De su lado, el Ministerio de Fomento asegura estar "ultimando" la tramitación del reglamento que desarrolla la reforma del sector de la estiba, según indicó en un comunicado difundido a última hora de este martes.
Fomento detalla que el texto del Real Decreto "será enviado esta semana al Consejo de Estado, una vez cumplidos ya los trámites de consulta previa y la fase de alegaciones, y tras haber sido remitido a todos los organismos preceptivos".
El Departamento que dirige Íñigo de la Serna atribuye la demora de este texto a su "extensa tramitación", que requiere "numerosos informes y consulta pública previa e información pública".
No obstante, considera que todo este proceso "asegura que sea una norma de consenso, conocida por todos los afectados, y que se adecúa al contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", en referencia al fallo de este juzgado que obligó a reformar la estiba para abrirla a la competencia y evitar una multa de la UE.