Los informes sobre percepción de corrupción que se difunden sobre España no pueden ser más demoledores. En la opinión pública se ha instalado la idea de que nuestras instituciones están corrompidas hasta la médula. En gran medida, es razonable que esto sea así, puesto que los escándalos que hemos conocido en los últimos años han afectado a los dos grandes partidos políticos de nuestro país, pero también a la Casa Real y a importantes empresas de nuestro país.
La fortuna oculta de los Pujol, las comisiones del 3%, las tramas Gürtel y Púnica, el escándalo de los ERE irregulares, el Caso Nóos… El día a día informativo se ha convertido en una especie de telenovela de la corrupción, dando pie al auge de movimientos antisistema como Podemos, pero también alimentando el auge de partidos reformistas como Ciudadanos.
El ICI de Martín Krause
Pero la percepción de la corrupción es solamente eso: la sensación que tienen los ciudadanos sobre la prevalencia de las malas prácticas en nuestras instituciones. De modo que también es importante echar un vistazo a otro tipo de indicadores, centrados en estudiar otras variables que ayudan a consolidar un mejor entorno contra la corrupción.
Ese es el proyecto en el que lleva años enfrascado el economista argentino Martín Krause. Su informe, editado anualmente por Libertad y Progreso, considera variables muy dispares: el imperio de la ley, la rendición de cuentas del poder político, la ausencia de intervencionismo económico, la libertad de prensa… De esta forma, Krause construye el Índice de Calidad Institucional (ICI), un documento de referencia para ir más allá del mero estudio de la percepción social sobre estas cuestiones.
Si aplicamos el ICI a la Eurozona, vemos que el país que mejor resultado obtiene de todo el área monetaria es Finlandia, con una nota de 0,95 puntos sobre 1. Su calificación es solo ligeramente superior al 0,94 que logra Holanda o al 0,92 que cosecha Irlanda. También salen bien paradas Alemania y Estonia, con un 0,91 y un 0,90, respectivamente.
Por encima del promedio del 0,82 que se anota la Eurozona nos topamos con Luxemburgo (0,89), Austria (0,89), Lituania (0,87), Portugal (0,87), Bélgica (0,85) y Francia (0,85). Justo por debajo de la media aparecen Letonia y España, con un 0,80 y un 0,78. Más bajas son las evaluaciones de Malta (0,78), Chipre (0,77), Eslovenia (0,74), Eslovaquia (0,71), Italia (0,69) y Grecia (0,53).
Dicen que las comparaciones son odiosas. Si España compara sus instituciones con el resto de la Eurozona, el resultado es razonablemente decepcionante. Si la comparación se establece con el resto del mundo, hay motivos para estar satisfechos. Pero quizá el mejor ejercicio consiste en compararnos con nosotros mismos, midiendo la evolución de España en el ICI.
Este ejercicio muestra que España lograba una nota de 0,80 en 2008, pero fue empeorando sus resultados en 2009 y 2010, hasta caer a una calificación de apenas 0,72. Las instituciones sí mejoraron su nota de 2011 a 2012, pero volvieron a retroceder en 2013 y 2014. La buena noticia es que, desde 2015, la calificación de nuestro país encadena cuatro años consecutivos de mejora.
Hay, por tanto, "brotes verdes" en la lucha contra la corrupción. Esos "brotes verdes" van más allá de la mera percepción, que sigue siendo negativa. De modo que quizá podemos mirar de forma más optimista lo ocurrido en los últimos años. Al fin y al cabo, por indignante que sea abrir el periódico y comprobar que los escándalos se siguen sucediendo, también podemos entender que la detección de todas las irregularidades que están saliendo a la luz muestra que, en efecto, no hay impunidad y sí tenemos unas instituciones razonablemente capaces de luchar contra las malas prácticas.
¿Qué cabría hacer, entonces, para cuadrar el círculo? ¿Cómo podemos lograr que mejore la percepción de corrupción para que se reduzca el descrédito institucional que da alas al populismo? Probablemente la clave está en agilizar los procedimientos judiciales. Pensemos, por ejemplo, en el caso Gürtel: saltó a los medios en 2009… y aún está siendo juzgado. En este sentido, no está de más recordar que el Índice de Libertad Económica de Fundación Heritage y Foro Regulación Inteligente otorga a España una puntuación muy baja en efectividad judicial: apenas 53,9 puntos sobre 100, frente al 68,9 de Portugal o el 72,7 de Francia. Sin duda, mejorar el funcionamiento de los juzgados ayudaría a que las irregularidades se juzguen de manera más rápida y certera, contribuyendo a fortalecer la imagen de las instituciones, en vez de cebando la percepción de su mal funcionamiento.