Algo más de 11.500 millones de euros. Eso es lo que costarán, como mínimo, los últimos guiños electoralistas que ha concedido Mariano Rajoy a funcionarios y pensionistas hasta 2019 con el fin de intentar remontar en las encuestas y, de este modo, poder revalidar su mandato en caso de que los comicios generales se celebren al término de la presente legislatura.
Lo grave de la estrategia del PP no radica tanto en la cuantía, ya de por sí abultada, sino en su absoluta irresponsabilidad a la hora de manejar las cuentas públicas, ya que la subida de los sueldos públicos y de las pensiones se hará a costa de disparar aún más el déficit y la deuda, además de aumentar, otra vez, los impuestos. El gasto público total en España ronda los 480.000 millones de euros al año, de modo que sería perfectamente factible recortar otras partidas o bien eliminar los numerosos entes y organismos innecesarios que todavía existen a nivel estatal para, de algún modo, compensar tales promesas.
Sin embargo, nada de esto ha pasado. La clase política española, empezando por el propio PP, no ha aprendido nada de la grave crisis sufrida en los últimos años, hasta el punto de que están dispuestos a repetir los nefastos errores cometidos en el pasado. Rajoy ha optado por disparar de nuevo el gasto sin más razón que la de gastar por gastar, pensando que así podrá reconquistar a un electorado que huye despavorido ante la preocupante deriva ideológica que, desde hace años, ha emprendido Génova.
Y el problema aquí no es solo que la austeridad brille por su ausencia, lo cual ya es muy grave dada la delicada situación de las cuentas públicas, sino que el presidente del Gobierno está incluso dispuesto a sacrificar las escasas reformas estructurales que puso en marcha durante la pasada legislatura, como la relativa a las pensiones, con tal de mantenerse un año más en el poder.
Este burdo e inútil electoralismo saldrá muy caro a los españoles. Para empezar, la Comisión Europea ya ha alertado esta semana de que España incumplirá el objetivo de déficit público en 2018, fijado en el 2,2% del PIB, puesto que el agujero ascenderá al 2,6% como consecuencia del incremento arbitrario de gastos. Y ello, sin tener en cuenta la subida de las pensiones en función del IPC recientemente acordada con el PNV para poder aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado. De hecho, el déficit estructural, descontando el pago de intereses y el impacto coyuntural de la actual situación económica, superará el 3%, registrando así su mayor nivel desde 2012.
España se consolida, por tanto, como el país con mayor descuadre fiscal de la UE, superando incluso a estados que fueron rescatados, como es el caso de Irlanda, Portugal o Grecia. Se trata, en definitiva, de un preocupante paso atrás que, sin duda, traerá consecuencias negativas, tarde o temprano. La combinación de creciente déficit estructural, elevada deuda pública, ausencia de reformas para dinamizar la economía y una Seguridad Social que hace aguas condenan a los españoles a sufrir una nueva crisis fiscal en el futuro. Y todo ello para tratar de recuperar unos votos que no responden a cuestiones presupuestarias, sino al bochornoso abandono de principios que ha ejercido Rajoy al frente del PP.