España lleva ya varios meses en plena precampaña electoral de cara a los comicios autonómicos y locales que tendrán lugar en 2019 y que servirán de antesala a las generales de 2020. Fruto de este ambiente, los partidos políticos se han descolgado con diversas propuestas con el objetivo de atraer votos, pero si alguien ha destacado en esta materia es, sin duda, el propio Gobierno.
La estrategia que ha seguido el PP es muy clara: intentar contentar a funcionarios y pensionistas mediante un aumento de sueldos y prestaciones públicas. Entre ambos colectivos suman cerca de 12,4 millones de potenciales votantes, equivalente al 34% del censo electoral, y, además, cabe recordar que el voto del PP se concentra, precisamente, en la población de mayor edad.
El reciente acuerdo salarial alcanzado con los empleados públicos o la inesperada subida de las pensiones en función del IPC pactada con el PNV para aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado son las principales medidas electoralistas que acaba de adoptar el Ejecutivo. Sin embargo, los guiños ideados por Mariano Rajoy para tratar de revalidar su mandato tendrán un coste sustancial para el bolsillo de los contribuyentes.
El Programa de Estabilidad remitido por el Ejecutivo a la Comisión Europea el pasado lunes recopila el impacto presupuestario de estas medidas, cuyo coste asciende a un total de 11.538 millones de euros tan sólo entre 2018 y 2019:
- Equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los Mossos y subida salarial del 1,75% a los funcionarios en 2018: 2.691 millones de euros.
- Subida mínima del 2,5% de los sueldos públicos en 2019: 3.477 millones.
- Tasa de reposición del 100% del empleo público en las Administraciones que cumplan los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, así como creación de empleo neto en servicios públicos prioritarios: 47 millones en 2018.
- Eliminación de los descuentos salariales aplicados a los empleados públicos en caso de baja por incapacidad temporal: 274 millones.
- Programa extraordinario de activación para el empleo para los parados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado las prestaciones y los subsidios: 112 millones.
- Ampliación del permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas ininterrumpidas en 2018: 106 millones.
- Incremento en un 2% de la base reguladora de las pensiones de viudedad en 2018: 215 millones.
- Incremento de un 3% de las pensiones no contributivas en 2018: 71 millones.
- Incremento de un 3% de las pensiones mínimas en 2018: 558 millones.
- Incremento entre un 1% y un 1,5% de las pensiones situadas entre las pensiones mínimas y aquellas cuya cuantía no supera los 12.000 euros brutos anuales en 2018: 253 millones.
- Incremento de las pensiones de clases pasivas como consecuencia de las medidas anteriores: 34 millones.
- Incremento adicional de las pensiones en 2018 para ligarlas al IPC (1,35% más el 0,25% de subida mínima): 1.500 millones.
- Incremento de las pensiones un 1,5% y de la base reguladora de la pensión de viudedad en 2019: 2.200 millones.