El pacto que acaba de alcanzar el Gobierno con el PNV garantiza la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, salvo sorpresa de última hora, pero la cuestión es… ¿A qué precio? El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha sellado un acuerdo con los nacionalistas vascos para que el nuevo proyecto de cuentas públicas supere la primera votación en el Congreso, aunque a cambio, eso sí, de cargarse la última reforma de las pensiones, que aprobó el PP en 2013.
En concreto, el acuerdo contempla que las pensiones se revalorizarán de nuevo en función del IPC, en lugar de cómo evolucione la situación financiera de la Seguridad Social, al tiempo que se retrasa a 2023 la aplicación del conocido "factor de sostenibilidad", cuya entrada en vigor estaba prevista para 2019 y que permitirá ligar la pensión futura a la esperanza de vida. Ambos elementos son los pilares básicos de la última reforma de las pensiones, con todo lo que ello supone para la sostenibilidad futura del actual modelo, y, curiosamente, su eliminación satisface una de las grandes exigencias que venían reclamando tanto el PSOE como Podemos en los últimos meses.
En concreto, según ha explicado este miércoles el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, el Gobierno ha aceptado su propuesta de subir todas las pensiones un 1,6% este año y acompasarlas al IPC el próximo, así como aumentar la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% este año y al 60% en 2019, y retrasar a 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad. A partir de este compromiso, y una vez solventado el riesgo de devolución del proyecto, el PNV se abre a negociar otras enmiendas parciales con el PP para asegurar la aprobación de los Presupuestos en mayo.
Así pues, por un lado, este pacto logra derogar, al menos temporalmente, el "índice de revalorización" de las pensiones, que oscila entre una subida mínima del 0,25% y una máxima del IPC más un 0,5% en función de cómo estén de saneadas las cuentas de la Seguridad Social, así como retrasar, una vez más, el "factor de sostenibilidad", que permite ligar la cuantía inicial de las pensiones en función de la la esperanza de vida de los futuros pensionistas.
Estas dos medidas fueron diseñadas en su día por un grupo de técnicos para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo, de modo que su suspensión tendrá importantes consecuencias. Aunque es difícil calcular el coste que tendrá esta decisión sobre las cuentas de la Seguridad Social a medio plazo, dado que la factura final dependerá de múltiples variables -desde el crecimiento del PIB hasta los ingresos por cotizaciones, la inflación o el aumento de la esperanza de vida-, existen algunas estimaciones oficiales al respecto que pueden servir a modo de aproximación.
Una de las más recientes y relevantes es la que realizó a finales de 2017 el propio Banco de España en un amplio informe sobre la situación y los retos del sistema público de pensiones. Así, aplicando la reforma de 2013 y partiendo de una subida lineal del IPC del 2% y de un crecimiento del PIB real del 1,8%, la revalorización de las pensiones no debería sobrepasar en ningún caso el 0,25% anual de aquí a 2040, mientras que el factor de sostenibilidad, por su parte, reduciría la pensión inicial en torno a un 7% en 2030 y un 12% en 2040, tal y como reflejan los siguientes gráficos.
Esto permitiría reducir el abultado déficit de la Seguridad Social en, aproximadamente, una décima de PIB al año, a pesar de que el gasto público crecería como consecuencia del mayor número de pensiones y del cobro de prestaciones iniciales más altas -debido a que los nuevos pensionistas han cotizado más años y por bases superiores-. De este modo, el sistema alcanzaría una situación de equilibrio presupuestario a partir de la segunda mitad de la década de 2020.
Así pues, el Banco de España explica que, en función siempre de los inciertos supuestos económicos y demográficos contemplados, la reforma de 2013 permitiría ahorrar en pensiones hasta 4 puntos del PIB tan solo en 2040.
Según esta misma estimación, y dado que, una vez abierta la espita, es muy probable que la vinculación de las pensiones al IPC se mantenga en el tiempo, el pacto entre el PP y el PNV, cuya vigencia se extendería hasta 2023, momento en el que entraría en vigor el citado factor de sostenibilidad, supondría una factura total superior al 3% del PIB, equivalente a unos 35.000 millones de euros: en 2018 y 2019, el coste sería inferior al 0,5% del PIB cada año; en 2020 y 2021, oscilaría entre el 0,5 y el 0,8, respectivamente; y en 2022, rondaría el 1% del PIB. En definitiva, uno de los pactos presupuestarios más caros de la historia.
