El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, gobernado por la coalición de PSOE, Més y Podemos, ha anunciado una polémica propuesta contra el alquiler de pisos turísticos en la isla. Según anunció el lunes el consistorio, los propietarios de viviendas situadas en edificios plurifamiliares no podrán alquilarlas a los visitantes, mientras que sí permitirá el arrendamiento vacacional en todo el municipio de casas unifamiliares. Con esta medida las villas y los chalets mallorquines, cuyos propietarios tienen un nivel adquisitivo mayor que los propietarios de una casa situada en un bloque de pisos, quedarían exentos.
El teniente de alcalde de Urbanismo, José Hila, ha destacado que el propósito de esta medida es preservar el derecho del acceso a la vivienda para los residentes y los trabajadores frente a la presión de la demanda para uso turístico. Hila olvidó mencionar la enorme contradicción que supone para la coalición de izquierdas perjudicar a las rentas más bajas en favor de los grandes capitales.
La posibilidad de alquilar para uso vacacional las viviendas unifamiliares tendrá como excepciones las casas en suelo rústico, el entorno del aeropuerto y los inmuebles de usos no residenciales ni turísticos, como los de los polígonos industriales.
Hila ha destacado que la decisión del gobierno municipal está en consonancia con la declaración promovida por la Federación de Asociaciones de Vecinos el pasado verano, que aprobó el pleno del Ayuntamiento. El alcalde, Antoni Noguera, ha asegurado que la prohibición del alquiler de pisos es una decisión "capital" para el futuro de Palma, pionera en España y que "marcará tendencia a la hora de entender la ciudad habitable". El propósito del gobierno municipal, conformado por PSOE, MÉS y Podemos, es que la zonificación del alquiler turístico esté aprobada definitivamente en julio.
Oposición de vecinos y comerciantes
La patronal de alquiler turístico Habtur Baleares ha lamentado que la propuesta de zonificación de Palma "discrimine a los plurifamiliares en todo el término municipal". Según ha expresado la patronal de alquiler turístico en un comunicado, la decisión de prohibir el alquiler en viviendas plurifamiliares "llevará consecuencias en las rentas de los ciudadanos que hasta ahora podían paliar la reducción de la misma en sus hogares mediante esta modalidad de alquiler".
Además, Habtur ha recordado que desde la entrada en vigor de la Ley de Turismo y la consecuente moratoria, se "ha reducido un tercio la oferta no reglada del mercado y aun así el precio del alquiler residencial ha aumentado un 10%"; lo que ha demostrado, según la patronal, "que el alquiler turístico no es el responsable de este aumento, sino que es multifactorial".
Finalmente, Habtur ha señalado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento "sólo gobierna para unos pocos y desatiende una parte muy importante de la población negándose, no sólo a negociar, sino también a hablar con la patronal del sector cuando se presentan normativas tan importantes".
Por otro lado, la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) ha sostenido que la zonificación turística "empobrece la ciudad y perjudica al pequeño comercio". Según ha asegurado en un comunicado, dicha propuesta "deja en un papel testimonial la actividad vacacional en Palma, que generaba unos ingresos importantes a muchos propietarios".
Asimismo, el presidente de Pimeco, Antoni Fuster, ha desmentido que esta medida consiga hacer bajar los precios del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda. El alquiler vacacional, han indicado, "dinamizaba la economía local y el comercio por las compras de unos turistas que ahora desaparecerán al menos del centro y también por que la entrada de alquileres turísticos estimulaba el consumo".