Las comunidades autónomas acaban de cerrar un largo y complicado ciclo fiscal, después de registrar un déficit público del 0,32% del PIB en 2017, muy similar al existente en 2003, justo antes de iniciarse los peores momentos de la burbuja inmobiliaria, tal y como explica Fedea en un estudio publicado el pasado lunes.
En estos 15 años se pueden distinguir tres grandes fases a nivel presupuestario: entre 2003 y 2007, las CCAA se mantienen cerca del equilibrio presupuestario; con la llegada de la crisis, en 2008, los saldos presupuestarios autonómicos se deterioran muy rápidamente hasta alcanzar un déficit máximo del 5,1% del PIB en 2011; y tras ese año, las cosas comienzan a mejorar, aunque con ciertos altibajos hasta volver en 2017 a un saldo presupuestario del 0,32% del PIB nacional, muy similar al de partida.
Ahora bien, si se analiza la evolución de ingresos y gastos medido como porcentaje del PIB, se observa que en 2003 y 2007 ambas partidas crecen a un ritmo similar, manteniendo así un cierto equilibrio fiscal; entre 2007 y 2009, los gastos se disparan, mientras que los ingresos se desploman debido, en parte, al resultado de las abultadas liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica (se recauda mucho menos de lo que preveía el Gobierno), lo que se traduce en un rápido aumento del déficit; tras 2011, este efecto atípico desaparece y el déficit comienza a reducirse, aunque a un ritmo decreciente hasta 2015; y, finalmente, en 2016 y 2017 la reducción del déficit se acelera en un contexto de rápido crecimiento del PIB y aún mayor de los ingresos.
Como resultado de todo ello, los ingresos de las comunidades autónomas terminan en 2017 medio punto de PIB por encima de su nivel de partida, mientras que el gasto, igualmente, es hoy medio punto superior al existente en 2003.
Los más relevante, sin embargo, consiste en analizar el gasto y los ingresos autonómicos por habitante medidos a precios constantes (descontando la inflación), ya que este indicador sirve para reflejar el nivel de la prestación de servicios públicos a nivel autonómico antes y después de la crisis, evidenciando así el alcance y la profundidad real de los recortes aplicados en los últimos años.
Así, tras un fuerte incremento tanto de los ingresos como de los gastos reales de las CCAA en la primera mitad del período analizado, ambas magnitudes se reducen abruptamente durante la crisis, aunque con un cierto retardo, para estabilizarse después e iniciar una recuperación en los últimos años. De este modo, si bien en 2017 el gasto real por habitante estaba todavía lejos de los máximos alcanzados en 2009, superaba en 380 euros al registrado en 2003 (+13%), mientras que los ingresos aumentaron en 410 euros (+14%) durante el mismo período.
Pero dentro del gasto total se pueden distinguir tres grandes partidas:
- La inversión pública (gastos de capital), que se reduce rápidamente durante la segunda mitad del período, hasta situarse en torno a la mitad de su valor inicial.
- El gasto en intereses, que se triplica en pocos años como resultado de la rápida acumulación de deuda y de la subida de la prima de riesgo. Pese a ello, esta partida se reduce sustancialmente a partir de 2014 (en torno a 4.000 millones de euros), gracias al rescate financiero orquestado por el Gobierno central mediante los mecanismos extraordinarios de liquidez (FLA, fondo de pago a proveedores, etc.).
- Y el gasto corriente neto de intereses, donde se incluyen los gastos de personal, la compra de bienes y servicios y las transferencias corrientes, abarcando, por tanto, el grueso de los servicios y prestaciones públicas que gestionan las regiones. Esta partida registra a partir de 2009 una caída mucho más modesta que el gasto total y, de hecho, comienza a repuntar en 2013 para situarse en 2017 a niveles de 2008, acercándose ya al pico alcanzado en 2009.
Así pues, a pesar de los manidos recortes que se afanan en denunciar sindicatos y partidos de la oposición, el informe elaborado por Fedea deja claro que la famosa austeridad no ha sido tal. En la actualidad, el gasto destinado a la prestación de los servicios públicos básicos por parte de las CCAA se mantiene en niveles precrisis y está a un paso de recuperar el máximo histórico registrado en 2009.
Tal y como recoge el siguiente cuadro, donde se toma como base igual a 100 el ejercicio 2003, la inversión real por habitante se ha reducido a menos del 60% de su valor inicial en el conjunto del país y en 13 de las 17 comunidades autónomas, aunque se observa una tímida recuperación en 2017.
Los indicadores de gasto total y especialmente de gasto corriente muestran, por el contrario, una evolución bastante más positiva. El gasto corriente por habitante, neto de intereses y calculado a precios constantes, es superior al observado en 2003 en al menos un 12% en todas las regiones españolas, situándose en promedio un 25% por encima de esta referencia, y a poca distancia de recuperar el récord alcanzado en 2009.
Por último, Canarias, Valencia y Andalucía son las comunidades en las que menos ha crecido el gasto total en el conjunto del período, mientras que el País Vasco, Cataluña y Aragón presentan los mayores crecimientos acumulados. Cataluña es la comunidad que menos ha recortado la inversión, seguida del País Vasco, mientras que Castilla la Mancha y Valencia son las que más lo han hecho.
