Las empresas españolas aumentaron de forma significativa la cuantía que pagaron a Hacienda en 2017, de tal forma que la recaudación por Sociedades se incrementó durante 2017 en un 6,8%, pasando de los 21.678 millones de euros recaudados en 2016, a los 23.143 del pasado año.
Así se desprende de las estadísticas de la Agencia Tributaria a las que ha tenido acceso Convivencia Cívica Catalana. El desglose por comunidades autónomas de la recaudación del Impuesto de Sociedades en 2017 y su variación respecto al año precedente pone de relieve significativas diferencias entre autonomías:
La mayoría de autonomías experimentaron en 2017 una tendencia positiva en el Impuesto de Sociedades, incrementando su recaudación, en algunos casos de forma notable. Por el contrario, las empresas catalanas consignaron una significativa caída en su aportación este impuesto, cercana al 18%, pasando de los 4.585 millones de euros recaudados en 2016, a los 3.770 en 2017.
Caso opuesto al de Cataluña es el de las comunidades colindantes, Valencia y Aragón, que muestran incrementos de dos dígitos en 2017 en el Impuesto de Sociedades: 19% y 17% respectivamente.
En términos relativos, Cataluña ha pasado de aportar el 21,1% de la recaudación del Impuesto de Sociedades de toda España en 2016, a solo el 16,3% en 2017, "una caída sin duda relevante", remarca el informe.
A nivel provincial, cabe remarcar que la demarcación de Barcelona ha sido la provincia de España con mayor caída del Impuesto de Sociedades en 2017, con un desplome del 21% en la recaudación del IS. Es necesario remontarse casi una década, a 2009, en plena crisis financiera, para recordar una disminución mayor en este impuesto en la demarcación barcelonesa.
"Clima de inseguridad y desconfianza"
"Consideramos que el comportamiento notablemente peor de la recaudación del Impuesto de Sociedades en Cataluña respecto al resto del país es atribuible a diversas circunstancias, destacando entre ellas el cambio de sedes sociales y fiscales de numerosas empresas hacia otras autonomías como consecuencia de la inestabilidad política derivada del proceso soberanista en Cataluña a la que debe sumarse el impacto negativo de factores impositivos y regulatorios", señalan desde Convivencia Cívica Catalana.
"La inestabilidad y la incertidumbre generada por la radicalización del discurso político del nacionalismo catalán crea un clima de inseguridad y desconfianza que no favorece en absoluto a las empresas. En este sentido, la dificultad de formar gobierno en Cataluña, la dependencia de un grupo radical y anticapitalista como la CUP para articular una mayoría parlamentaria o la incertidumbre inherente al proceso soberanista no son las mejores tarjetas de presentación para atraer a empresas e inversores a nuestra comunidad", añaden.