La voracidad del Impuesto de Sucesiones hace temblar a Asturias, Andalucía y Aragón. En estas tres regiones dejar tu propio patrimonio a tus seres queridos supone en muchos casos condenarles a la ruina. Tanto es así, que morir en Zaragoza o en Gijón es cien veces más caro que en Extremadura, Murcia o Madrid o mil veces más que en Canarias, aunque el valor de la herencia sea el mismo.
Sucesiones es un impuesto estatal, pero el Estado ha cedido a las autonomías la potestad de aplicarle las bonificaciones que crean oportunas. Ante el afán recaudatorio de algunas CCAA, surgieron plataformas de afectados que el año pasado propiciaron que miles de contribuyentes se manifestaran por las calles españolas contra este tributo.
Estas movilizaciones pueden haber presionado en regiones como Andalucía, que desde el pasado 1 de enero, tras un pacto del Gobierno de Susana Díaz junto a Ciudadanos, su socio de investidura, decidieron elevar el mínimo exento para la aplicación de Sucesiones al millón de euros.Eso sí, esta medida sólo afecta a hijos, cónyuges y padres (grupos 1 y 2), por lo que dejaría fuera a hermanos o sobrinos.
A la asociación Stop Impuesto Sucesiones, fundada en Andalucía, no le parece suficiente la decisión del Ejecutivo andaluz, por lo que se ha unido con otras dos plataformas en Asturias y Aragón para crear la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones (Fencis). Así lo ha explicado su presidente, Juan Carlos Valverde, este lunes en Madrid, donde junto al resto de portavoces de Fencis han presentado sus líneas de actuación contra el impuesto a las herencias.
Claman por la "donación libre"
"Abogamos por la donación libre. Lo demás son parches y chapuzas electoralistas que no aceptamos porque aunque hayan bonificado al máximo el impuesto en algunas regiones, nadie nos asegura que los políticos no van a volver a las andadas en un futuro", ha declarado Valverde. "Por ejemplo, en Andalucía la medida sólo tiene una vigencia de un año", ha matizado.
"En Europa, solo Bélgica tiene un Impuesto de Sucesiones más alto que España", ha señalado Álvaro López, otro de los portavoces y representante de los afectados asturianos. De hecho, en "la mayoría de los países" del Viejo Continente "se está retrocediendo o eliminando el impuesto, como ha hecho recientemente Macron en Francia, y hay 19 países de la eurozona que no lo tienen, como Portugal", ha asegurado.
Fencis señala que "este impuesto injusto, cruel y anticonstitucional se ha convertido en un símbolo de la opresión y el abuso de poder en España (…) y la sociedad española se está movilizando, cada día con más fuerza, al conocer muchos casos de sufrimiento, ruina e injusticia que padecen los herederos, las diferencias de trato existentes entre unas comunidades y otras y los daños de todo tipo que este tributo causa a honradas familias y a numerosas empresas familiares que tienen que cerrar ante la codicia de las administraciones, saqueadoras de herencias".
El drama mayor de un impuesto "canalla"
Desde la federación explican que "el drama mayor de la aplicación canalla del impuesto" es la valoración de los bienes heredados "al alza con el único fin de asegurar la mordida". En algunos casos, la Administración valora pisos o terrenos que forman parte de la herencia de los contribuyentes con unas cifras que superan "tres veces" su valor de mercado. Si los familiares no disponen de liquidez, se ven obligados a vender parte del patrimonio de su ser querido para pagar el impuesto, porque no se admite la dación en pago, o pedir un crédito. En el peor de estos casos sangrantes, son muchos los que tienen que renunciar a las herencias.
"Si no renuncias, tienes un calvario. Entre intereses y multas, no sales. Es el más puro estilo mafioso", señala Valverde. "Los ricos no heredan, hereda la clase trabajadora", añade.
Por ello, "cansados de soportar el dolor y la impotencia de las victimas" Fencis ha decidido presentar una demanda "contra las administraciones españolas (nacional y autonómicas) por prevaricación, anticonstitucionalidad y violación de los derechos humanos" porque "no hay nada más confiscatorio que que te roben lo que te pertenece" y también "elevar el problema hasta el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para sacarle los colores a España".