Irene Montero, junto a una decena de representantes de Ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, ha presentado la "proposición de Ley para regular los alquileres abusivos" en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. La portavoz de Podemos ha asegurado que esta medida es "importante" para garantizar que los "buitres financieros" no impongan "alquileres abusivos". "Hemos vivido un auténtico drama con el caso de las hipotecas. No puede ocurrir lo mismo con los alquileres. No podemos volver a vivir situaciones de emergencia social", ha asegurado.
La portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, ha explicado que lo que buscan es dotar a las comunidades autónomas y a algunos municipios de herramientas jurídicas para poder fijar el precio del alquiler en ciertas áreas urbanas. Los gobiernos regionales serían los encargados de determinar las zonas de alquiler limitado, salvo en el caso de Madrid y Barcelona, que podrían legislar sin depender de las comunidades autónomas.
Las claves de la propuesta se resumen en tres puntos: crear zonas de alquiler limitado; reinstaurar los contratos obligatorios de cinco años de duración; y que las sociedades que alquilen inmuebles tengan que prorrogar los contratos de forma indefinida en caso de que el inquilino cumpla con las obligaciones contractuales.
Aunque el texto señala que esta propuesta no pretende "volver a épocas pretéritas en las que la prórroga forzosa de los contratos y la congelación de las rentas condujeron a graves distorsiones en el mercado", en clara referencia a la renta antigua que implantó el régimen de Franco en los años 60, lo cierto es que las medidas que contiene son muy similares a la citada normativa franquista. La renta antigua, cuya extinción parcial se produjo con el decreto Boyer de los años 80, impedía actualizar las rentas y obligaba a prorrogar de forma indefinida los contratos de alquiler. La ley que propone ahora Podemos contempla estas dos opciones, aunque limitadas en el espacio y en el tiempo.
Zonas de alquiler limitado
La primera gran novedad consiste en que las CCAA y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona puedan calificar ciertas zonas como "áreas urbanas con mercado de vivienda tensionado", donde el precio del alquiler no dependería del mercado (ley de la oferta y demanda) sino de la voluntad de los políticos. Para ello, habría que acreditar que en un municipio o en parte del mismo concurren una serie de circunstancias:
- Que exista una fuerte demanda de vivienda en alquiler asequible no satisfecha, según los datos del registro de demandantes de vivienda autonómico u otro registro oficial autonómico o local.
- Que haya disponibles menos viviendas vacantes asequibles en relación a la media del territorio de la Comunidad Autónoma respectiva en supuestos de incremento de fuerte la demanda.
- Que las rentas de alquiler sean claramente superiores a la disponibilidad de renta de las familias de la zona, según los datos oficiales existentes. Se considerará en todo caso una carga desproporcionada cuando las familias deban dedicar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta de alquiler.
- Que se esté produciendo un proceso de gentrificación que indique que hay una expulsión de los vecinos de la zona debido al incremento constante de las rentas de los alquileres.
- Que las rentas de los alquileres de vivienda habitual se haya incrementado un 15% o más en los últimos tres años.
Por otro lado, la calificación de "área urbana con mercado de vivienda tensionado" tendrá carácter temporal, según el texto, no pudiendo exceder sus efectos de un plazo de cinco años. Sin embargo, la propuesta también añade que podrá prolongarse de forma indefinida "en caso de que subsista una situación que lo justifique", con lo que podría permanecer en el tiempo de forma indefinida.
Fijación del precio por ley
La cuestión es que en esas zonas especiales el precio del alquiler se fijaría con criterios políticos mediante la aprobación de un nuevo "índice oficial de referencia". Tanto el precio de inicio como su actualización periódica serían establecidos por las CCAA, Madrid y Barcelona:
- En los contratos de alquiler de vivienda celebrados en áreas declaradas de mercado tensionado la renta pactada a inicio del contrato no podrá superar el precio de referencia para el alquiler de una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano.
- Los índices oficiales de referencia de precios de alquiler aplicables en las áreas declaradas de mercado tensionado serán elaborados por la Comunidad Autónoma con metodologías objetivas y sujetos a actualización periódica.
- Para la determinación del precio de referencia se tomará en consideración el índice oficial, que se realizará atendiendo a las rentas de los contratos de alquiler de vivienda habitual habitacional del área declarada de mercado tensionado, ponderando circunstancias como el estado de conservación y mantenimiento de la vivienda, su antigüedad, altura, accesibilidad o no mediante ascensor, eficiencia energética, proximidad de acceso a transporte y servicios públicos, inclusión o no de mobiliario o de anexos, renta familiar disponible de la zona, y otras que puedan resultar relevantes para el órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de vivienda.
El resto del alquileres, los que se sitúen fuera de estas zonas especiales, se actualizarían en función del IPC. En caso de mejoras en la vivienda, la subida no podría superar, en ningún caso, el 15%. Asimismo, sólo se podría exigir un mes de fianza.
Contratos de 5 años y prórroga indefinida
En cuanto a la duración de los contratos, la propuesta pretende reimplantar los contratos obligatorios por cinco años. Transcurrido el primero, el dueño sólo podría rescindir el contrato en caso de que necesitar la vivienda como residencia permanente para sí o sus familiares, siempre y cuando "careciera de más inmuebles disponibles".
También contempla un "contrato de duración protegida" para el fomento del alquiler estable y asequible, que tendría una duración mínima de 10 años y que podría llevar aparejado beneficios fiscales favorables, subvenciones y otras medidas a definir por las CCAA y municipios. La vivienda se podría reclamar por parte de los dueños transcurridos los 5 primeros años de contrato, siempre y cuando sea para vivir en ese inmueble de forma permanente y no disponga de más pisos disponibles.
Otra de las grandes novedades es que si el casero es una empresa (sociedades, socimis, etc.) "el contrato deberá prorrogarse necesariamente transcurridos los cinco años" de forma indefinida, "excepto si existe una razón legítima proporcional, relacionada con el incumplimiento por parte de la parte arrendataria de sus obligaciones contractuales o legales", lo cual, además, "deberá acreditar fehacientemente", según el texto. Se trataría, por tanto, de una especie de alquiler indefinido.
En este sentido, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sacó este jueves un comunicado en el que apoya medidas similares a las que propone Podemos. En concreto, pide que se establezcan contratos de duración indefinida para "colectivos vulnerables", como personas que tienen especiales dificultades a la hora de buscar vivienda, mayores de 65 años, personas discapacitadas, familias con dos o más hijos en edad escolar, víctimas de violencia de género, menores tutelados "y aquellos colectivos que se determinen reglamentariamente".
La PAH también reprocha al PSOE que eliminara en 1985 la renta antigua que implantó Franco mediante el "decreto Boyer", y exige que los ayuntamientos tengan "capacidad de crear índices de referencia obligatorios cuando lo demande la ciudadanía del municipio".