Los argumentos que han esgrimido los dos principales partidos del país tanto para defender como para rechazar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que presentó el Gobierno el pasado martes se sustentan en un grave cúmulo de mentiras y falsedades, cuyo única finalidad no es otra que tratar de contentar a sus potenciales votantes. Sin embargo, una vez más, la realidad de los datos queda sepultada bajo la tradicional demagogia política.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha centrado su estrategia en vender a la opinión pública que estos Presupuestos mejorarán las rentas de 13 millones de personas, beneficiando así a quienes más han sufrido los embates de la crisis, al tiempo que se devuelve a la sociedad civil parte del esfuerzo y sacrificio llevado a cabo durante los largos y duros años de dificultades económicas.
En concreto, el proyecto destina casi 4.000 millones de euros extra a elevar hasta un 3% las pensiones mínimas y no contributivas, lo cual , sumado a la rebaja del IRPF a las rentas de menos de 18.000 euros al año y la aplicación de nuevas deducciones fiscales, favorecerían a cerca de 10 millones de electores, al tiempo que la subida salarial pactada con los empleados públicos, de hasta el 1,95% este año, afectaría a otros 3,1 millones de personas extra, haciendo un total de 13 millones.
Pensionistas
Pero la cuestión es que ninguno de estos tres colectivos son los que realmente han pagado los platos rotos de la crisis. Para empezar, el gasto en pensiones públicas no ha dejado de crecer desde el estallido de la burbuja, al pasar de 91.500 millones de euros en 2007 a los casi de 145.000 millones que contemplan los PGE para el presente ejercicio, lo que supone casi un 37% más.
Asimismo, la pensión media de jubilación ha subido desde los 766 euros a cierre de 2007 hasta los 1.077 en la actualidad, un 40% más, debido, sobre todo, a la incorporación al sistema de jubilados con mayores salarios por haber cotizado más años y sobre una base superior. Prueba de ello es que una persona que se retire en la actualidad cobra una media de 1.300 euros al mes, frente a los 900 euros que perciben los pensionistas que causan baja en el sistema por fallecimiento, casi un 44% más. Pero no son las únicas: todas las pensiones (incapacidad, orfandad, viudedad...) han registrado incrementos durante la crisis, de modo que la prestación media del sistema ha repuntado de apenas 700 euros al mes a más de 932. Y todo ello, a pesar de que se han incorporado más de 1 millón de nuevos pensionistas a la Seguridad Social durante la última década, elevando la cifra total a más de 8,7 millones.
Aunque lo más llamativo, si cabe, es que los hogares de pensionistas son los únicos que incrementan su renta disponible desde 2007, hasta el punto de situarse en estos momentos entre los colectivos con mayores ingresos. Según un reciente estudio de Fedea, la renta real de las familias españolas cayó un 15,5% entre 2007 y 2015, al pasar de 36.593 a 30.939 euros al año (-5.654 euros). Sin embargo, las familias dependientes del cobro de pensiones son las únicas que han aumentado su renta disponible media, con casi 500 euros más, mientras que asalariados y autónomos sufren caídas del 12,3% y 19,1%, respectivamente.
Esta ganancia de rentas durante la crisis ha permitido que escalen posiciones en cuanto al nivel de ingresos. Así, mientras que en 2007 los pensionistas constituían los hogares con menor renta (25.957 euros), en 2015 ya se situaban por encima de los hogares sostenidos por rentas de propiedad, transferencias de otros hogares y subsidios, tan sólo superados por asalariados (36.323 euros) y autónomos (32.916 euros).
A todo ello se suma el hecho de que el 90,8% de los mayores de 65 años posee una vivienda en propiedad, lo cual les permite registrar una tasa de carencia material severa (pobreza real) hasta un 60% inferior al resto de la población. En concreto, según los datos del INE, la tasa de pobreza real es del 2,9% y del 1,9% entre las mujeres y hombres mayores de 65 años, respectivamente, frente al 6,2% y 5,3% del conjunto de españoles.
Empleados públicos
En cuanto al empleo público, el número de trabajadores al servicio de la Administración también ha crecido durante la crisis, desde los 2,97 millones a cierre de 2007 hasta los 3,07 millones del pasado año, unos 100.000 efectivos más que en el momento de la burbuja. Igualmente, el dinero destinado a su remuneración ha aumentado en más de 15.000 millones de euros, al pasar de 107.400 a casi 122.800 millones de euros.
Además, el salario medio bruto en el sector público se situó en 2.623,5 euros en 2016, mientras que en el sector privado fue de 1.694,2 euros. Es decir, los empleados públicos cobran de media casi 1.000 euros más al mes, un 35% extra. Y su remuneración media, a pesar de los manidos recortes, ha crecido en 380 euros al mes durante la última década, casi un 17% más, frente a los 184 euros del sector privado (+12,2%), según los datos del INE. Una vez descontada la inflación, se observa que los salarios públicos también han perdido menor poder adquisitivo que la media nacional, de modo que han sufrido menos la tan temida devaluación salarial.
Rentas bajas
En cuanto a las rentas bajas, si bien la nueva rebaja fiscal del Gobierno es bienvenida, la cuestión es que resulta más bien algo marginal, ya que son los contribuyentes que pagan menos impuestos. En concreto, con datos fiscales de 2013, los contribuyentes que ingresan menos de 18.000 euros brutos al año (parados, pensionistas y trabajadores con sueldos reducidos) representan casi el 60% de las declaraciones, pero apenas aportan el 11% de la recaudación por IRPF.
En realidad, son las clases medias y medias-altas, con rentas comprendidas entre los 18.000 y los 90.000 euros al año, quienes aportan el grueso de los ingresos por este tributo, algo más del 70%, pese a representar poco menos del 40% de los contribuyentes. Las rentas altas, por su parte, representando tan sólo el 1,1% de las declaraciones, aportan el 19% restante.
Así pues, ni pensionistas ni funcionarios son los que más han sufrido la crisis, sino los trabajadores del sector privado vía destrucción de empleo y reducciones salariales, mientras que son las rentas medias, no las bajas, las que realmente han soportado el grueso de las subidas de impuestos aprobadas desde el estallido de la burbuja, sufragando, por tanto, la factura de mantener en pie el sector público.
Estado del Bienestar y "gasto social"
El PSOE, por su parte, ha centrado sus críticas en el escaso gasto público que contemplan los PGE, ya que convertirían a España en uno de los Estados del Bienestar más "raquíticos" de la UE, según declaró el pasado martes la portavoz socialista, Margarita Robles, quien también se quejó de los recortes en "gasto social", entendiendo éste por pensiones, sanidad y educación. Pero, una vez más, los datos no reflejan lo mismo.
El peso del gasto público total sobre el PIB alcanzará el 40,5% este ejercicio -sin contar el rescate de las cajas-, por encima del 39% que registraba en 2007, en plena burbuja y bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En términos nominales, el gasto rondará este año los 490.000 millones de euros, frente a los 420.000 de hace una década, lo que supone casi 70.000 millones extra.
Y dentro del Presupuesto, lo que más destaca es el llamado "gasto social", cuya cuantía rondará los 309.000 millones en 2018 en caso de aprobarse las citadas cuentas, frente a los 243.000 millones registrados en 2007. Es decir, el gasto asociado al Estado del Bienestar ha aumentado unos 65.000 millones de euros durante la crisis, mientras que su peso sobre el gasto total ha crecido del 57,7% al 64,2% durante este período.
Todas las partidas de gasto social se han incrementado en estos años: el gasto en sanidad ha aumentado en 8.765 millones de euros; el gasto en educación en 2.971 millones de euros; y el gasto en protección social, que incluye el pago de pensiones, ha registrado un incremento cercano al 39%, que equivale a 53.528 millones de euros más.
De hecho, no sólo aumenta el dinero, puesto que el personal público al servicio de educación y sanidad creció en 13.453 y 31.366 efectivos, respectivamente, entre 2007 y mediados de 2017. El Estado del Bienestar, por tanto, no solo no se ha reducido, tal y como denuncia el PSOE, sino que ha crecido de tamaño.
