¿Por qué los gobernantes tienden a establecer leyes o disposiciones ad personam? Es decir, aquellas que no obligan por igual a todos los sujetos, entidades o instituciones, diferenciando en cada bloque entre los que se ven severamente perjudicados y los que se sienten favorecidos.
El propio sentido democrático es contrario a ello. La democracia se basa en un principio inamovible, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el de la total igualdad entre los hombres. Todos somos titulares de los mismos derechos, también compartimos los mismos deberes, aunque de ello se hable menos, por lo que la diferenciación es ajena al estado natural de las cosas.
Parece indiscutible que el poder es más poder con la diferenciación que con el trato igual. La diferenciación permite, a quien la dicta, distinguir entre amigos y adversarios, entre adversarios y enemigos, entre correligionarios de militancia política y aquellos que profesan otras ideas.
Lo que ocurre es que, por ese camino, la democracia corre el peligro de tener un recorrido muy corto, viéndose de facto sustituida por brotes dictatoriales al servicio de quienes ejercen el poder, conferido por los votos o por colusión con grupos o partidos.
Con ello se incumple la misión fundamental del gobernante, que es la consecución del bien común de toda la sociedad, concebido como el bien de todos y de cada uno de los miembros de la misma. Y es así, y sólo así, porque nadie tiene mejor derecho que otro para ser beneficiario de la acción de gobierno. Todos tenemos los mismos derechos.
Cuando el presidente de los Estados Unidos pretende flagelar a Amazon a través de leyes ad casum llamadas democráticas sólo porque han sido votadas mayoritariamente, está alejándose del propio sentido de la democracia. Ésta se corrompe cuando se abandona el principio de igualdad de derechos de todos los hombres.
Cuando en una democracia se pretende imponer mayores gravámenes a un sector (la banca, por ejemplo) que al resto de entidades mercantiles, nos alejamos de la democracia, diferenciando entre unos y otros, según nuestra propia ideología o nuestros propios intereses.
Si en un sistema financiero unos gocen del privilegio de un cupo fiscal injustificable frente a otros que no lo tienen (no sería posible la universalidad del privilegio), estamos atacando al mismo fundamento de la democracia. Más aún, la negociación diferenciada con las comunidades, frente a una ley general de financiación, rompe las exigencias democráticas, bien consagradas en nuestra Constitución: "Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales" (art. 138-2).
Alguien pensará que pido demasiado, cuando sólo pretendo advertir de peligros en un camino quizá demasiado placentero para la autoridad. Un falso sentido del poder conduce a la máxima discrecionalidad de quien lo detenta, que, por naturaleza, tampoco será eterno y será juzgado por su propia historia.