Según los datos oficiales del Ministerio de Empleo, el 31 de diciembre de 2017, la Seguridad Social española tenía 18.331.107 afiliados ocupados (para este artículo tomaremos las series de ocupados que ofrece cada mes este organismo y que suelen quedarse algo por debajo de las cifras que da la EPA). Todavía estamos a más de 800.000 ocupados de los que marcaba dicha estadística en diciembre de 2007, el año en el que se alcanzó el récord de número de personas trabajando en la historia en España. Pero incluso así, es un enorme logro: tal y como explicaba la orgullosa ministra de Empleo en la presentación de las cifras de diciembre, el incremento de la afiliación media anual en 611.146 personas supone "el mejor dato interanual de la serie histórica en términos homogéneos".
Además, no es un hecho aislado. Desde los 16.258.042 ocupados registrados el 31 de diciembre de 2013 a los 18,3 millones que comentamos hay más de dos millones de diferencia: medio millón de empleos nuevos cada año (un ritmo que casi todas las previsiones indican que se mantendrá en este 2018). Nada es imposible, pero es complicado imaginar un panorama en el que una economía del tamaño de la española genere más puestos de trabajo.
Todo esto también tuvo su reflejo en las cotizaciones sociales, que crecieron un 5,27% respecto a las cifras de 2016 y cerraron el año en un nivel récord de recaudación, por encima de los datos de 2008 (el ejercicio en el que más se ingresó por este concepto). De hecho, hace un par de meses la propia Báñez anunciaba en el Congreso que, por primera vez desde el comienzo de la crisis, el déficit de la Seguridad Social había descendido en términos de PIB (aunque en términos absolutos seguía siendo 200 millones de euros más elevado que en 2016).
Hasta aquí las buenas noticias. Estamos creando empleo, incrementando los ingresos e incluso conteniendo el déficit de la Seguridad Social. Nada de esto es negativo, pero si miramos las cifras con un poco de perspectiva, lo cierto es que no dan demasiado margen para el optimismo. Desde 2013, el déficit entre cotizaciones y prestaciones contributivas ha subido en 4.000 millones. Ni los nuevos empleos ni la entrada en vigor de las reformas de 2011 y 2013 (que han moderado la subida de los gastos) han conseguido un cambio de tendencia significativo a este respecto. Y la pregunta que surge es: si creando medio millón de empleos al año a lo máximo que llegamos es a limitar el crecimiento del agujero, ¿qué pasará cuando el mercado laboral se desacelere, aunque sea un poco?
Las cifras
El déficit oficial de la Seguridad Social ascendió a 18.756 millones de euros, "la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 127.752,82 millones de euros y unas obligaciones reconocidas de 146.508,85 millones de euros". Pero estas cifras pueden generar confusión porque incluyen, tanto en la parte de los gastos como de los ingresos, diversas transferencias, como las que el organismo recibe del Estado para financiar las prestaciones no contributivas o complementos a mínimos.
Para este artículo, hemos preferido las dos cifras que nos parecen más significativas: los ingresos por cotizaciones sociales y los gastos en transferencias corrientes para la parte contributiva del sistema. Este último apartado incluye tanto gasto en pensiones (de jubilación, invalidez, orfandad, viudedad y a favor de familiares) como subsidios por incapacidad temporal o prestaciones de maternidad y paternidad entre otros.
La evolución de ambas partidas aparece reflejada en el siguiente cuadro:
Como vemos, tanto ingresos por cotizaciones como los gastos de la parte contributiva del sistema han mantenido una senda alcista. De 99.000 a 109.000 millones en un caso y de 116.000 a 130.000 en el otro.
Este cuadro puede leerse de forma conjunta con el siguiente, que muestra la evolución del empleo y el número de pensionistas desde 2013. También aquí vemos un incremento año a año en las dos series: tanto el número de ocupados como el de receptores de una prestación han subido.
Con todo esto sobre la mesa, hay varias cuestiones que llaman la atención:
- Como apuntábamos al principio del artículo, resulta complicado imaginar un escenario mejor en el mercado laboral. Sí, los sueldos podrían subir algo más (lo que también tendría un impacto positivo en las cotizaciones) pero también es cierto que mantener un ritmo de creación de medio millón de nuevos empleos al año será muy complicado.
- En lo que hace referencia a los gastos, ya empiezan a notarse los efectos de las dos reformas de 2011 y 2013, que reducen algo las obligaciones del sistema, tanto para los nuevos pensionistas (con el endurecimiento de las condiciones de acceso planteado en 2011) como para los ya existentes (desligando la revalorización anual del IPC).
- La ratio ocupados/pensionistas ha pasado de 1,96 a 2,11 en estos cuatro ejercicios.
- Pues bien, incluso a pesar de todas estas circunstancias, muy favorables en lo que tiene que ver con el equilibrio presupuestario, el déficit real de la Seguridad Social, el que viene determinado por la diferencia entre cotizaciones sociales y prestaciones contributivas, ha crecido en 4.000 millones en tres años.
En este punto, quien quiera ver la parte positiva puede agarrarse al dato del último año, en el que la diferencia entre cotizaciones y prestaciones contributivas ha descendido en 500 millones. Si la tendencia se consolidara, sería un pequeño rayo de esperanza para la sostenibilidad del sistema. Eso sí, hay que tener en cuenta que hablamos de 500 millones respecto de un déficit de más de 20.000 millones.
Además, si en la parte del gasto contamos todas las transferencias corrientes, también las prestaciones no contributivas, hablamos de más de 142.000 millones de obligaciones reconocidas por la Seguridad Social. En ese caso, el déficit respecto de lo ingresado por cotizaciones se iría a 33.000 millones de euros. Esa cantidad es la que se tiene que sufragar con impuestos (lo que el Estado envía al organismo cada año desde los PGE) o con nueva deuda. También esa cifra ha crecido en unos 4.000 millones desde 2014.
Una de las grandes discusiones que el Pacto de Toledo tiene ahora mismo sobre la mesa tiene mucho que ver con la contabilidad. Se habla de pagar más prestaciones (sobre todo viudedad y orfandad) vía Presupuestos. Es decir, sacarlas de la Seguridad Social y hacer que el Estado también pague por estas partidas con lo que recaude con los impuestos. Viendo las cifras reales del sistema, tampoco habría demasiada diferencia. En la práctica, hace tiempo que nadie espera que sólo con los ingresos por cotizaciones se puedan pagar, ni ahora ni en un futuro próximo, las prestaciones reconocidas. Se asume que es el Estado, de una forma u otra, ahora o dentro de unos años, el que asumirá esa tarea.
Pero ese juego contable no debería ocultar una realidad: incluso tras cuatro de los mejores años para el empleo que recuerda la economía española, la diferencia entre lo que se recauda en cotizaciones y lo que se paga en prestaciones ha seguido creciendo. Cuando llegue la desaceleración al mercado de trabajo (y antes o después, llegará), la parte de los gastos seguirá ahí (seguirán jubilándose los españoles que lleguen a la edad legal), pero los ingresos se resentirán. Si el déficit crece en los años de vacas gordas, cabe preguntarse qué pasará cuando lleguen las dificultades.
Nota: aunque en términos de empleo la recuperación comenzó a finales de 2013, hemos preferido comenzar la comparación entre ingresos y gastos del sistema contributivo en 2014 para poder hacer la cuenta en términos homogéneos de forma más sencilla. En las tablas de la Seguridad Social (ver los diferentes resúmenes de Ejecución del Presupuesto), los complementos a mínimos de las pensiones contributivas se incluían en la parte contributiva del sistema hasta 2013. Desde 2014, esa partida, unos 7.000 millones al año, aparece en el "nivel no contributivo". Evidentemente, si estos complementos siguieran contabilizándose como hasta 2013, ese déficit real del que hablamos sería todavía más elevado.