Las reformas laborales aprobadas en 2011 y 2013 y la mejora del escenario internacional han sido factores determinantes para el crecimiento de la economía nacional en los últimos cuatro años. El aumento del empleo se ha consolidado con más de medio millón de nuevos puestos de trabajo cada año, el número de ocupados se acerca a cifras anteriores a la crisis y la ratio ocupados-pensionistas ha pasado de 1,96 a 2,11, por mencionar tres de las principales variables que intervienen en el sostenimiento del sistema público de pensiones.
Estamos, por tanto, en uno de los mejores escenarios posibles de las últimas décadas, y ello a pesar de que las referidas reformas fueron bastante tímidas. Pues bien, ni siquiera en una situación de crecimiento récord en la base de cotizantes es posible garantizar la sostenibilidad de un sistema que hace agua por todas partes. De hecho, a pesar de la notable mejora experimentada por la economía nacional, las cuentas de las pensiones públicas siguen sin cuadrar y en los últimos tres años se ha agrandado el agujero en 4.000 millones de euros, disparando el déficit consolidados hasta los 21.000 millones.
Todo esto pone de relieve, una vez más, la inviabilidad del sistema de reparto y la necesidad de emprender la transición hacia uno de capitalización. Bien lo saben los políticos que deciden sobre estas cuestiones, la inmensa mayoría de los cuales –empezando por los más hipócritas, los de izquierdas– se cuidan mucho de poner sus pensiones futuras al margen de los vaivenes del sistema público contratando planes privados, basados, por supuesto, en la capitalización.
La hipocresía de la clase política, que condena a los trabajadores a financiar un sistema que sabe quebrado, debe servir para abrir los ojos a los que todavía creen que dejar su jubilación en manos de los políticos es una garantía de estabilidad. El ejemplo de lo que hacen ellos mismos con sus finanzas es el mejor argumento para exigir una reforma a fondo de las pensiones públicas que otorgue a los individuos el derecho a capitalizar su ahorro, la única manera de salvar de la quiebra el sistema y garantizar su sostenibilidad.