Llegan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 -otra cosa es que se aprueben- y con ellos toda una nueva batería de guiños y promesas con el fin de comprar votos, pero cuyo elevado coste correrá, una vez más, a cargo del sufrido contribuyente. Aunque habrá que esperar a la semana que viene para conocer en detalle el contenido del plan que ha elaborado el Gobierno del PP, las líneas generales desveladas tras el Consejo de Ministros del pasado martes ya avanzan claramente la intencionalidad de dicho proyecto: contentar a pensionistas y funcionarios mediante un sustancial aumento del gasto público de cara a las elecciones autonómicas y locales del próximo año.
Ya lo advirtió el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando dijo que "son los presupuestos de los funcionarios y pensionistas", a pesar de que el dinero que los sustenta sale del bolsillo de todos los españoles. Las protestas protagonizadas por ambos colectivos para exigir alzas salariales y subidas en las prestaciones han surtido efecto, pero no porque tales reivindicaciones estén o no justificadas, sino porque las encuestas reflejan un claro deterioro del PP en intención de voto. El aumento de las pensiones mínimas de hasta el 3% y el pacto alcanzado con los empleados públicos para elevar los salarios hasta un 9% en tres años se traducirá en un incremento del gasto de varios miles de millones de euros.
Por el lado de los ingresos, los PGE se limitan a incluir una marginal rebaja del IRPF para las rentas bajas, cuya factura fiscal es la más reducida, y la reducción del IVA del cine del 21% al 10% para gloria de los actores, productores y directores que tanto apego profesan al PP.
El diseño de estas nuevas cuentas cae, una vez más, en varios errores de bulto. El primero y más grave consiste en disparar el gasto público con fines puramente electoralistas, en un momento en el que España todavía registra el mayor déficit público de la zona euro y el mayor nivel de deuda del último siglo, próximo al 100% del PIB. Si lo que quiere el Gobierno es subir pensiones y sueldos públicos, lo podría haber hecho sin necesidad de elevar el gasto total, pues bastaría con recortar o, directamente, eliminar entes y partidas que son inútiles. Además, lo prioritario en estos momentos es alcanzar cuanto antes el equilibrio presupuestario para empezar a amortizar deuda e incluso ir conformando un creciente superávit fiscal con el que poder afrontar futuras dificultades.
Asimismo, por el lado de los ingresos, es triste comprobar que el PP sigue ofreciendo migajas, a pesar de haber asestado las mayores subidas de impuestos de la historia de la democracia. El Gobierno bien podría aprovechar la mejora de la recaudación que está propiciando el crecimiento económico para aplicar fuertes y generalizadas rebajas fiscales al conjunto de los contribuyentes, especialmente después de haber soportado los sablazos de los últimos años.
Y lo peor de todo es que el Ejecutivo de Rajoy sigue renunciando por completo a las reformas estructurales para mejorar el funcionamiento del Estado y dinamizar la actividad económica. Lo único que sabe hacer el Gobierno es subir impuestos y gastos. España, por el contrario, necesita una profunda reestructuración del sector público para eliminar gastos innecesarios, así como mejorar la productividad y el funcionamiento de los servicios públicos, al tiempo que se acomete una reforma fiscal con el fin de incentivar el crecimiento y el empleo. Nada de esto hay en los PGE de 2018, tan solo electoralismo simple y facilón para recuperar votos a costa del dinero de todos los españoles.