Las subvenciones son recursos que las Administraciones Públicas (AA.PP.) entregan a particulares, empresas u otras entidades. El sector público no genera recursos propios, sino que los obtiene de los impuestos. Así pues, las subvenciones son un mecanismo por el cual las AA.PP. quitan recursos a unos para entregárselos a otros.
Pongamos el foco en el origen de esos recursos, es decir, en los impuestos. Unos son explícitos, como el IRPF, el Impuesto sobre Sucesiones o el de Sociedades. Otros, implícitos, como el IVA incluido en el precio del pan o de la ropa y los impuestos especiales que forman parte del recibo de la electricidad o que se esconden en lo que pagamos al repostar gasolina. Nadie puede evitar formar parte del grupo que financia las subvenciones. Desde los dueños de grandes fortunas hasta los parados de larga duración, pasando por los funcionarios y el más humilde de los pensionistas, todos, absolutamente todos, financian las subvenciones porque todos pagan impuestos.
Los recursos con los que se pagan los impuestos no surgen de la nada. Surgen, en esencia, del trabajo de la gente, que luego se convierte en salarios y ganancias empresariales. Al pagar impuestos, lo que hacemos es entregar una parte del fruto de nuestro trabajo. Los pensionistas y quienes cobran una prestación por desempleo reciben ingresos que son parte del trabajo de quienes trabajan. Es decir, que los ocupados pagan subvenciones tanto directa (por los impuestos que pagan) como indirectamente (por sus impuestos que financian las pensiones y prestaciones).
Pongamos el foco en el destino de las subvenciones. ¿Quiénes las perciben? Los que las AA.PP. decidan. ¿Con qué criterio? En última instancia, dependen de una decisión: se asignan con criterios políticos. Por definición, quienes cobran las subvenciones son muchos menos de los que las financian, por lo tanto la gran mayoría solo las paga.
¿Cómo es posible que, pese a que una gran mayoría pierde con las subvenciones, estas tengan una buena imagen para el grueso de la sociedad? Porque unos las cobran, otros tienen la esperanza de hacerlo y muchos más no son conscientes de que están entregando una parte de su trabajo para pagar cosas que no quieren.
Es muy probable que la inmensa mayoría estemos de acuerdo en la pertinencia de algunas subvenciones, como las que se destinan a entidades que apoyan a gente con enfermedades raras, pero si cualquiera revisara las subvenciones que otorga cualquier ayuntamiento o autonomía se dará cuenta, muy probablemente, de que no está de acuerdo con el grueso de las mismas. Y, sin embargo, las tiene que pagar.
¿Tiene sentido que un pensionista financie subvenciones a empresas rentables? ¿Y que un parado financie subvenciones a empresas en pérdidas? ¿Tiene sentido que las AA.PP. se apropien de parte del esfuerzo de quienes trabajan para subvencionar sindicatos, entidades empresariales o medios de comunicación púbicos?
Cuanto mayor es la proporción del gasto total que se asigna con criterios políticos, más se aleja de la estructura del gasto que los consumidores hubieran realizado espontáneamente. La asignación de recursos es menos eficiente. Así, con los mismos recursos se obtiene una menor cantidad de mercancías y servicios. Es decir, un menor bienestar.
El exagerado número de subvenciones, entonces, perjudica a la inmensa mayoría de la gente por dos vías. Por un lado, le quita parte de su dinero, que podría utilizar para satisfacer sus propias necesidades. Por otro, la economía funciona con un menor nivel de eficiencia (menor producción y menos empleo). Además, aumenta el poder de las AA.PP. frente a los ciudadanos.
Reduciendo las subvenciones se podrían bajar los impuestos. Así, la gente tendría dinero para contribuir con las ONG o proyectos de su preferencia. Mientras, las subvenciones generalizadas en todos los niveles de gobierno se han convertido en un monstruo que nos condena a vivir peor de lo que podríamos.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)