El enorme caudal de recursos públicos que fluyó a las Administraciones Públicas en plena burbuja inmobiliaria hizo que la discusión política abandonase progresivamente el rigor en materia presupuestaria, hasta instalarnos en un mercado de abastos en el que unos y otros partidos lanzaban al aire todo tipo de propuestas de gasto, sin reparar en el coste de las mismas.
Fue así como llegamos a la crisis de deuda que enfrentó España a partir de 2008. La falta de realismo inicial fue dando pie a una nueva fase en la que, por fin, los partidos políticos reconocieron la necesidad de aplicar medidas de austeridad. Sin embargo, diez años después seguimos viendo que las cuentas de las Administraciones Públicas están en rojo y, en ausencia de recortes, el Reino de España cerrará el año 2018 con un descuadre superior a los 20.000 millones de euros.
No obstante, sí que es cierto que, a raíz de esta deriva fiscal, los políticos españoles parecen haberse convencido de la importancia de acompañar cualquier propuesta de gasto con algún tipo de justificación por el lado de los impuestos. En este sentido, los programas electorales de las últimas elecciones o las negociaciones presupuestarias generadas por el bloqueo parlamentario que vivimos desde 2016 han introducido ciertas dosis de la realidad en el debate público.
Esto no ha evitado que PP, PSOE y Ciudadanos, a priori fuerzas más moderadas y sensatas, hayan comprometido en los últimos meses un aumento del gasto valorado en 20.000 millones, suficiente para duplicar el déficit público en ausencia de medidas compensatorias. Pero, por mucho que esta propuesta sea irresponsable, que lo es, parece difícil encontrar adjetivos que definan el "gratis total" que propone Podemos en todo tipo de debates.
Sanidad, educación, pensiones, igualdad… Los de Pablo Iglesias hablan de aumentar el gasto público de forma agresiva, sin plantearse límite alguno en el margen de maniobra con el que cuentan las Administraciones Públicas a la hora de diseñar los presupuestos. Pero, para justificarse ante la opinión pública, los ‘podemitas’ han encontrado distintos bulos que, a primera vista, sirven para salvar cualquier debate afirmando que las cuentas sí podrían cuadrar…
Un buen ejemplo es el discurso sobre el fraude fiscal que enarbola la formación morada. Como explicó este periódico en 2015, el supuesto documento en el que se apoya este discurso procede de Gestha, un sindicato de técnicos de Hacienda que, tres años después, sigue sin presentar públicamente este informe fantasma al que tanto acude Pablo Iglesias a la hora de hablar esta cuestión. Sin embargo, como no pocos medios han reproducido el bulo, Podemos sigue hablando alegremente de los "40.000 millones de euros perdidos por evasión fiscal de las grandes fortunas".
Otro buen ejemplo es el bulo de los 48.000 millones de euros que, supuestamente, pierde España cada año "por corrupción". De nuevo Podemos ha sido el principal altavoz del bulo, aunque también PSOE y Ciudadanos han difundido la cifra en alguna ocasión. La fuente, esta vez, es un estudio de la CNMC que ni siquiera habla de corrupción, sino de sobrecostes por falta de competencia en licitaciones públicas. Además, el documento en cuestión infla de 100.000 a 200.000 millones la tarta de la contratación administrativa y parte de un exceso de gasto del 25% citando estudios globales de Transparencia Internacional que no están ligados a la realidad española.
De modo que, considerando los 40.000 millones "por evasión fiscal de las grandes fortunas" y los 48.000 millones "por corrupción", Podemos tiene en cartera dos bulos con los que puede justificar cualquier tipo de propuesta de gasto. No en vano, si en efecto se pudiesen aflorar casi 90.000 millones por estas dos vías, España pasaría de tener un déficit de 20.000 millones a un superávit de 90.000 millones. Otra forma de verlo: si se lograsen esos ingresos, las pensiones pasarían de tener números rojos a estar equilibradas y contar con un fondo de reserva de 60.000 millones.
En definitiva, cuentas mágicas que nada tienen que ver con la complejidad de la realidad presupuestaria y que, no obstante, sí contaminan el debate, no solo entre los afines al partido comunista, sino también entre los más despistados del bloque conformado por PP, PSOE y Ciudadanos.