El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se propuso a principios de año recuperar el pulso político tras el perfil bajo que mantuvo en los meses previos como consecuencia de la elevada tensión que había desatado el proceso separatista en Cataluña, y, para ello, decidió abrir el debate sobre la mejora de las pensiones públicas bajo la excusa de la revalorización mínima del 0,25% que fija la ley.
Su estrategia, sin embargo, no es más que un gran engaño. No en vano, el plan que elaboraron los socialistas para volver a ligar la subida de las pensiones al IPC y, en teoría, reforzar la solvencia de la Seguridad Social mediante nuevas subidas de impuestos tan sólo persigue un objetivo: financiar un leve aumento de las pensiones a corto plazo (1,8%, según el IPC previsto para 2018) a costa de socavar la sostenibilidad del actual modelo a medio y largo plazo. Es decir, la propuesta concreta presentada por Pedro Sánchez no pretende resolver, en ningún caso, el elevado déficit que registra la Seguridad Social (casi 18.000 millones de euros el pasado año), sino mantenerlo, a costa de subir aún más los impuestos para sufragar la revalorización de las pensiones conforme a la inflación para, de este modo, tratar de ganar votos entre el colectivo de jubilados.
Pero, más allá de esta particular trampa electoralista, el PSOE también peca de hipocresía en esta materia. Los socialistas no han dudado en salir a la calle y colocarse detrás de las pancartas que han exhibido algunos miles de jubilados en las movilizaciones de las últimas semanas, con el apoyo de Podemos y los principales sindicatos (UGT y CCOO), para reclamar "pensiones dignas".
En concreto, Sánchez y su cúpula han lanzado duras críticas contra el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad, dos de las principales novedades que introdujo la reforma aprobada por el PP en 2013. Ambas medidas permiten que la futura cuantía de las prestaciones se vincule a la evolución financiera de la Seguridad Social y al aumento de la esperanza de vida, respectivamente, tal y como sucede en otros muchos países europeos, lo cual se acabará traduciendo en pensiones futuras más bajas.
Sin embargo, siendo esto cierto, el PSOE olvida dos cosas importantes. En primer lugar, que el Factor de Sostenibilidad ya estaba incluido en la reforma del sistema que aprobó en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo Sánchez diputado en el Congreso.
Artículo 8 de la Ley 27/2011
Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco añosutilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales.
Lo único que hizo el PP fue adelantar su aplicación a 2019 ante el creciente déficit que ha acumulado la Seguridad Social durante la crisis. Y, en segundo término, que la mayor parte de los recortes previstos en las futuras prestaciones derivan, igualmente, de la reforma socialista de 2011.
La demografía es el factor clave para entender los problemas de sostenibilidad a los que se enfrenta el actual modelo de reparto. Dado que el pago de las pensiones depende de las cotizaciones que se abonan hoy, el hecho de que en el futuro haya más jubilados y menos cotizantes, como consecuencia del progresivo envejecimiento demográfico, se traducirá, sí o sí, en prestaciones más bajas. Si hoy cada pensión en sufragada por dos trabajadores, esta ratio tenderá a 1:1 a la altura de 2050.
Entre otros efectos, tal y como advierten expertos y organismos internacionales, la futura pensión pasará de representar cerca del 80% del último salario a tan solo el 50% o incluso algo menos para que el sistema vigente sea sostenible desde el punto de vista financiero, lo cual implicará una caída próxima al 40% en el nivel de vida durante la edad de retiro. Pero la cuestión aquí es que más de la mitad de dicho recorte -entre el 20% y el 28% de la rebaja en pensiones- se deberá a la reforma de 2011, según las estimaciones de la aseguradora Zurich o el Instituto de Actuarios Españoles, mientras que el resto se producirá como resultado de la reforma de 2013, aprobada por el PP.
- Reforma del PSOE (2011): se retrasa la edad de jubilación de 65 a 67 años, se amplía el período de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años y se sube el número mínimo de años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión. Es una reforma paramétrica de extraordinaria importancia, que ya está suponiendo un ahorro en el sistema (a costa, eso sí, de pensiones algo más bajas para los nuevos jubilados). El PP votó en contra.
- Reforma del PP (2013): introduce el Índice de Revalorización de las Pensiones que sustituye al IPC (la subida anual pasa a depender de los ingresos y gastos del sistema) y desarrolla el Factor de Sostenibilidad, que reducirá la primera pensión en el momento de la jubilación en función de la esperanza de vida. El PSOE votó en contra.
Así pues, aunque ambos partidos rechazaron las reformas que en su día presentaron sus contrincantes políticos, el resultado de estos dos cambios fue similar: recortar las futuras prestaciones, lo cual evidencia la hipocresía no solo del PSOE, sino también del PP. Pero, ¿en qué medida?, ¿qué parte de la rebaja corresponde a cada partido? La caída en el nivel de vida de los futuros pensionistas -fruto, en última instancia, del declive demográfico- se reparte, como mínimo, a partes iguales entre socialistas y populares, aunque, siempre y cuando la inflación se mantenga bajo control, el mayor recorte procederá, curiosamente, de la reforma aprobada por el PSOE.
Así, tal y como recoge la documentación que entregó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a la comisión del Pacto de Toledo, durante la comparecencia de su presidente, José Luis Escrivá, en febrero de 2017, la pensión de entrada (inicial) rondaría los 1.550 euros a precios constantes en 2030 si no se hubieran aprobado las dos reformas citadas, frente a los poco más de 1.300 euros que recibirán tras dichos cambios, equivalente a una pérdida del 17% a medio plazo.
El 75% de dicha reducción se debe a la reforma socialista 2011, mientras que el 25% restante procedería de la aplicación del Factor de Sostenibilidad detallada en la reforma del PP en 2013 (el Índice de Revalorización permitiría contener, posteriormente, el aumento del gasto en pensiones).
Como resultado, la última pensión pasará de representar el 80% del último salario a cerca del 70% en 2030 para, posteriormente, bajar al 50% en 2050.
En definitiva, ambos cambios, tanto los del PSOE como los del PP, se traducen en trabajar más años para cobrar menos, de modo que las críticas de unos y otros revelan una gran hipocresía. Además, tales rebajas no dependen de la voluntad política, tal y como señalan otros partidos como, por ejemplo, Podemos, sino que son el resultado de la propia naturaleza del modelo de reparto. El envejecimiento poblacional obliga a recortar las pensiones para garantizar la sostenibilidad del modelo a medio y largo plazo.