El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Decreto Ley que permitirá a las entidades locales la reinversión de su superávit de forma inmediata y que además flexibilizará las condiciones para utilizar el ahorro municipal al ampliar el concepto de inversiones financieramente sostenibles. El Ejecutivo ha reconocido la buena gestión económica de las entidades locales y ha señalado que esta medida es fruto del acuerdo con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
Según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, esta medida permitirá a las entidades locales que registraron superávit el pasado año que lo reinviertan hasta 2019, sin tener que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Esto afectará a una "parte importante de su remanente" y servirá para que las corporaciones cumplan más "eficazmente" a sus propios fines, ha señalado el ministro.
Hacienda da cumplimiento así al compromiso alcanzado hace un mes con la FEMP, en el que Montoro prometió impulsar una norma que, "con rapidez", permitiera a las entidades locales contar con su remanente de caja. Además, se acordó que los ayuntamientos pudieran reinvertir el ahorro desde ahora y coincidiendo con el calendario político que desemboca en las elecciones autonómicas y locales de 2019.
Montoro ha retirado que este Decreto llega cuando el Estado logra alcanzar los objetivos de estabilidad, algo "que parecía imposible". "Parecía imposible cerrar 2017 con déficit del 3,07%. Cuando llegamos al Gobierno era del 9,3%", ha destacado, asegurando que esta mejora en las cifras económicas permiten al Gobierno habilitar que la reinversión se refuerce en todos aquellos capítulos destinados al interés general.
Inversión financieramente sostenible
"Además, ampliamos la definición de inversiones financieramente sostenibles, por tanto lo que hacemos con el Decreto Ley es la habilitación temporal y por otro lado, a petición de la FEMP, la ampliación de la definición de ese concepto", ha informado Montoro, sobre la flexibilización de las condiciones para invertir ese remanente.
De esta forma, el ministro ha especificado que la ampliación del catálogo de posibles inversiones englobará a aquellas relativas a la seguridad y al orden público, protección civil, prevención de incendios, asistencia social primaria y creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria.
Se incluirán también inversiones que se realicen en mobiliario y enseres destinados a servicios que ya están catalogados como receptores de aquellas inversiones; así como los vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de viajeros.
Con este Decreto Ley además se incrementa de 10 a 15 millones de euros el importe a partir del cual se requerirá autorización administrativa previa para proyectos de inversión de grupos de programas, o, alternativamente, que éstos supongan más del 40% de los gastos no financieros de la Entidad Local, siempre que, en cualquiera de esos casos, se incremente el gasto de personal o el de compras de bienes y servicios como consecuencia de la inversión.
Acuerdo entre ideologías "completamente diferentes"
El titular de Hacienda ha puesto en valor el acuerdo alcanzando entre su Ministerio y la FEMP, valorando que formaciones políticas de ideologías "completamente diferentes" hayan alcanzado un pacto que "de verdad" sirve al interés general.
Ha reconocido la buena gestión de las corporaciones locales, al haber generando superávit presupuestario a la vez que prestan servicios esenciales a los ciudadanos. "Son un referente de buena gestión", ha apuntado Montoro. Las entidades locales tiene superávit presupuestario desde 2012 y en 2016 éste alcanzó el 0,6% del Producto Interior Bruto.
En un comunicado, Hacienda destaca que las corporaciones locales han realizado un "esfuerzo importante" de consolidación presupuestaria y han contribuido "notablemente" a la consecución del objetivo de déficit público, por lo que la medida permitirá que tengan mayor capacidad para llevar a cabo inversiones que se traduzcan en la mejora de los servicios esenciales para la comunidad.