El PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren que el artículo 6 de la Constitución Española recoja y blinde la financiación pública de los partidos políticos. Con los votos en contra del PP y de los nacionalistas vascos y catalanes, quedó aprobado el informe para La reforma del régimen y la financiación de los partidos.
Las cuentas de los partidos dependen del dinero público–el 80% de sus ingresos proviene de subvenciones–. Cada año reciben más de 50 millones de euros del Estado, aunque, una vez sumadas la subvenciones de todas las administraciones, la cuantía real es muy superior. En concreto, entre 2007 y 2015, los partidos recibieron 2.400 millones del erario público –300 millones cada año–. Precisamente, para no perder estas prebendas, estas organizaciones buscan blindarse constitucionalmente.
El texto, que ha sido pactado por PSOE, Podemos y Ciudadanos, se votará en el Pleno del Congreso –donde seguramente consiga aprobarse porque entre los tres suman mayoría–. En el escrito presentado se hace alusión a la "necesidad de garantizar un nivel de recursos suficiente para que los partidos políticos puedan cumplir plenamente con sus funciones constitucionales".
El artículo sexto, que es el que se pretende cambiar, establece lo siguiente: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". No se hace alusión a la financiación pública de estas formaciones.
Entre 2007 y 2015–periodo de crisis económica– los partidos políticos recibieron 3.000 millones de euros en total, pero, de esa cantidad, 2.400 millones procedían de dinero público y 600 millones del pago de cuotas de afiliados y donaciones. Es decir, el 80% de la financiación depende de las subvenciones.
El PP y el PSOE son los que más dinero recibieron durante esos ocho años. Esto se debe a que tienen representación en diferentes niveles de la Administración. En concreto, los populares ingresaron 990 millones entre 2007 y 2015, mientras que los socialistas se embolsaron 915 millones. Entre ambos, más de 1.900 millones de euros durante este período, más del 63% del dinero total destinado a esta materia. Asimismo, la izquierda radical (combinación de IU y Podemos) se embolsó 157 millones. Por su parte, Ciudadanos recibió durante ese periodo 17,7 millones de euros –14,9 procedían del dinero público–.
Por esa falta de financiación privada, derivada de las restricciones que establece la propia Ley de Financiación de Partidos, los partidos buscan ahora asegurarse un colchón salvavidas a través de la Constitución para garantizar las ingentes partidas de dinero público que se embolsan cada año.