La presente legislatura se caracteriza, entre otros factores, por la posición de relativa debilidad política que mantiene el partido en el Gobierno debido a la ausencia de mayoría absoluta. El PP, por tanto, precisa del apoyo de otros partidos para sacar adelante sus proyectos de ley, como es el caso, por ejemplo, de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE), cuya aprobación sigue en el aire a la espera de recabar el visto bueno de Ciudadanos y, sobre todo, del PNV.
De hecho, la minoría que ostenta el Gobierno en el Congreso ha permitido a los partidos de la oposición liderar en numerosas ocasiones la iniciativa parlamentaria mediante la presentación y tramitación de propuestas contrarias, en muchas ocasiones, a la voluntad del propio Ejecutivo. Sin embargo, la Constitución, en su artículo 134.6, otorga al PP una herramienta para frenar "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios", puesto que su tramitación requiere de la conformidad del Gobierno.
Así, en lugar de aprobar nuevas propuestas, la principal labor que está desempeñando el Ejecutivo popular durante esta primera mitad de legislatura consiste, básicamente, en impedir que prosperen las proposiciones que presenta la oposición en el Congreso. Y no es una tarea menor, ya que el citado "veto presupuestario", si bien pasa desapercibido para la inmensa mayoría de la población, ha evitado que el gasto público se dispare de nuevo hasta niveles insostenibles.
En concreto, desde el comienzo de la legislatura, los partidos de la oposición han presentado un total de 26 proposiciones de ley que han sido vetadas por el PP, y cuya aprobación habría implicado un aumento del gasto público superior a 87.000 millones de euros. Esta cifra es equivalente al 7,5% del PIB en 2017 y, por tanto, habría vuelto a disparar el déficit público por encima del 10% del PIB, tal y como sucedió durante los peores años de la crisis.
Esos 87.000 millones suponen, igualmente, dos veces el dinero destinado a Educación (casi 45.000 millones de euros en 2016), tres veces lo que se destina al pago de intereses de la deuda y una cuantía similar a la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que ascendió a 94.000 millones de euros en 2016.
Sin embargo, existen otras iniciativas que han logrado esquivar dicho "veto" y están siendo tramitadas en el Congreso, y cuya factura también es muy elevada, como, por ejemplo, la Prestación de Ingresos Mínimos, la modificación de la regla de gasto o la revalorización de las pensiones y la supresión del factor de sostenibilidad. En total, las fuentes consultadas estiman un coste superior a los 30.000 millones de euros, una cuantía similar a la dotación que dispusieron todos los ministerios en 2017.
La suma de las diferentes propuestas planteadas por la oposición durante el presente mandato supondría, por tanto, un volumen de gasto próximo a los 120.000 millones de euros extra, superior a las partidas que consumen Educación y Sanidad (113.000 millones) y algo inferior al dinero dedicado a pensiones (unos 140.000 millones de euros en 2017) o, lo que es lo mismo, el 34% de los últimos Presupuestos Generales del Estado.
Todo ello demuestra, una vez más, que el papel todo lo aguanta, ya que prometer, al fin y al cabo, puede resultar beneficioso desde el punto de vista electoral a los políticos, sobre todo si no explican cómo pretenden financiar tales planes, pero, desde luego, no saldría gratis al conjunto de los contribuyentes, más bien al contrario. El "veto presupuestario" del Gobierno es una herramienta legal poco conocida, pero está resultando crucial para evitar otro colosal descuadre de las cuentas públicas.