Para Albert Rivera, lo que ocurre en muchos barrios de España con la ocupación de viviendas es el mundo al revés, ya que "las familias que pagan impuestos están en la calle, las familias que tienen una propiedad no pueden acceder a su propiedad y los narcotraficantes, las mafias, los okupas, están dentro de los hogares de muchas de esas familias".
Así lo ha manifestado el líder de Ciudadanos durante la reunión este martes de su grupo parlamentario, justo después de registrar una proposición de Ley contra la okupación que plantea empoderar a las comunidades de vecinos para actuar contra quienes atenten contra su propiedad.
"Esta ley va al centro del problema, que es proteger a la gente que cumple las leyes y a esas familias que se quedan literalmente en la calle sin poder acceder a sus viviendas", señalaba ante los suyos Rivera, quien no ha dudado en vincular su iniciativa a una cuestión ideológica: "Como partido constitucionalista y liberal, nosotros sí vamos a proteger la propiedad privada frente a los que creen que hay que destruirla o que hay que ocuparla o que no hay que proteger a los propietarios".
Empoderar a vecinos y ayuntamientos
Mediante una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, Ciudadanos plantea que las Juntas de Propietarios, por decisión mayoritaria de sus miembros, puedan requerir a quien ocupe una vivienda al abandono de la misma mediante una "acción de cesación" que se sustanciaría a través de un juicio ordinario. Igualmente, los propietarios podrán ceder el ejercicio de esa acción a su Ayuntamiento.
Los consistorios locales se verían reforzados también en sus competencias para combatir la ocupación de viviendas, mediante una modificación en la Ley de Bases de Régimen Local, que les dotaría expresamente de la competencia de "velar por la seguridad y la convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas y locales". Las administraciones municipales podría, así, registrar e identificar a los ocupantes de un piso y poner en conocimiento de la Fiscalía la comisión de ese delito contra la propiedad ajena.
Además, la propuesta del partido naranja plantea otro cambio legislativo, en este caso en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que las causas por ocupación de pisos se diluciden por un juicio verbal, los conocidos como juicios rápidos. Con una particularidad importante, la de que, al contrario de lo que ocurre en la actualidad, no será necesario identificar al ocupa en cuestión, "cuando resultase imposible o de extraordinaria dificultad", para llevar a cabo la acción judicial en su contra.
Penas de cárcel
En cuanto a las medidas puramente penales, la reforma de Ciudadanos establece pena de cárcel de uno a dos años para el que "con fuerza en las cosas, ocupare un inmueble, vivienda o edificio ajenos" una pena que se agravaría si, además, lo hiciese para utilizar esa propiedad "para el desarrollo de otras actividades delictivas". Una clara referencia a los narcopisos.
Tanto el allanamiento de morada como el delito de usurpación quedarían incluidos en el capítulo de delitos flagrantes, como el hurto o el robo, que conllevarían penas de privación de libertad.
La reforma de Ciudadanos también se ocupa de los "deudores hipotecarios" en situaciones de dificultad, para los que plantea que el "Fondo Social de Viviendas" tenga carácter permanente y, asimismo, dota a los ayuntamientos de la competencia para evaluar e informar de "situaciones de necesidad social" y la atención "a personas en situación de riesgo de exclusión social en relación con el disfrute de una vivienda digna".