Es tal el grado de populismo con el que se está abordando el debate de las pensiones que partidos como PSOE o Podemos ni siquiera titubean a la hora de defender la supuesta viabilidad de una medida insostenible como sería la vinculación del aumento de las pensiones al crecimiento del IPC. Como ya explicó Libre Mercado, dar un paso así implicaría un fortísimo golpe fiscal a los trabajadores, que se puede valorar en el entorno de los 640 euros por trabajador.
Pero, siendo justos, lo cierto es que también en el campo del centro-derecha ha calado la idea de que es posible revisar al alza las pensiones ignorando los factores de sostenibilidad que han venido limitando su aumento a niveles del 0,25% anual. Así, tanto el Partido Popular como Ciudadanos han abierto las puertas a aprobar aumentos de las pensiones que, en la práctica, no hacen más que agravar el ya de por sí delicado momento que atraviesa la caja de la Seguridad Social.
De momento, sabemos que la revalorización del 0,25% no sale gratis, sino que supone un aumento de los desembolsos equivalente a los 330 millones de euros. El Gobierno ha dejado caer a los medios que podría estar dispuesto a aprobar un aumento del 0,75%. El discurso del oficialismo sostiene que se trataría de una "medida de compensación" que no llegaría a suponer una subida tan acusada como la derivada de la indexación al IPC.
Ya tenemos un agujero de 18.800 millones
Con todo, ese 0,75% solo serviría para empeorar más aún las cosas. Y es que, si el aumento del 0,25% ya implica un desembolso adicional de 330 millones, una revisión tres veces mayor implica una desviación adicional de 660 millones. Más gasolina en la hoguera de un sistema cada vez más presionado por la demografía y la falta de realismo de sus gestores.
Y es que basta con echar un vistazo a los datos que maneja el Pacto de Toledo para comprobar hasta qué punto la Seguridad Social está atravesando un momento crítico. Si nos ceñimos a los datos de 2017, el déficit fue de 18.800 millones de euros, equivalente al 1,61% del PIB. Se trata del descuadre más alto de la historia del sistema, 200 millones por encima del récord observado en 2016, a pesar de que las cotizaciones sociales han rebasado el umbral de los 109.000 millones, por encima de cualquier otro ejercicio.
Además, los datos que maneja el Pacto de Toledo son claros: de 2007 a 2017, las pensiones han aumentado un 16,53%, mientras que el IPC ha acumulado un crecimiento del 16,50%, de modo que la pérdida de poder adquisitivo habría sido de apenas el 0,03%. Esto no significa que el sistema de reparto no nos condene a unas jubilaciones cada vez más modestas, pero sí demuestra que el discurso político que están asumiendo todos los partidos no se basa en la experiencia reciente de nuestro país.