¿Cuánto cuesta el proceso separatista catalán? Esta es la pregunta que pretende contestar el estudio que publicaron este jueves el think tank Civismo y Sociedad Civil Catalana ante la falta de cálculos oficiales al respecto. Numerosos indicadores reflejan el deterioro que ha padecido la economía catalana en los últimos meses tras la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y el posterior órdago secesionista, pero ningún informe ha arrojado hasta la fecha una estimación sobre su impacto global en términos de PIB, tanto a nivel autonómico como nacional.
Según el citado estudio, la factura del procés rondaría los 828 millones de euros tan sólo en 2017, una cifra muy similar a los 1.000 millones avanzados en su día por el exministro de Economía Luis de Guindos. Sin embargo, si a ello se suma el negativo efecto que ha causado el auge del independentismo desde 2004, fecha en la que el movimiento secesionista comenzó a tomar fuerza con la negociación del Estatut, las pérdidas acumuladas para el conjunto de la economía nacional ascienden a un total de 18.535 millones de euros. Esta es la cuantía que habría dejado de aportar Cataluña al crecimiento del conjunto del país por la inseguridad jurídica y las graves tensiones políticas derivadas del proceso separatista.
Estos analistas muestran, en primer lugar, cómo ha evolucionado la incertidumbre asociada al movimiento independentista mediante el Índice SCC, que mide la evolución de diferentes variables económicas (licitación de obras, consumo de energía, actividad industrial y hotelera, etc.) en función del riesgo percibido en materia regulatoria e institucional.
Tal y como indica el siguiente gráfico, la incertidumbre marcó máximos históricos el pasado octubre, con una lectura de 212 puntos, superior incluso a la registrada durante los peores momentos de la crisis financiera, en 2012, acumulando un aumento del 112% desde 2004. Pero el riesgo apenas ha bajado, ya que el citado índice aún marcaba 196 puntos el pasado enero.
Esta elevada incertidumbre se traduce en un menor volumen de inversión, consumo y actividad empresarial, lo cual se acaba reflejando, de una u otra forma, en el PIB. Una vía para calcular el coste del movimiento separatista es estudiar la evolución de la contribución de Cataluña al crecimiento del PIB de España en comparación con la Comunidad de Madrid.
El estudio refleja que, por primera vez desde que España volvió a crecer (en el cuarto trimestre de 2013), Madrid contribuye más al crecimiento del PIB nacional que Cataluña, superándola además tanto en PIB nominal como en peso sobre el total de España. Así, mientras que Madrid aportó en 2017 un total de 0,91 puntos porcentuales al crecimiento nacional (3,3% en total, según Funcas), Cataluña contribuyó con 0,84 puntos.
Asimismo, ambas comunidades autónomas incrementarían significativamente su distancia en 2018: 0,81 puntos procederían de Madrid frente a los 0,52 de Cataluña. Es decir, en tan sólo un año, esta última perdería casi la mitad de su peso en el crecimiento del conjunto de la economía española.
De hecho, si se amplía la perspectiva temporal, se observa que, desde el año 2000, el peso de Madrid en el PIB total de España ha seguido una tendencia fuertemente alcista, mientras que el de Cataluña se ha mantenido prácticamente estable, en torno al 18,9%, con un rango de variación de dos décimas al alza y a la baja.
Este estancamiento, según dicho informe, se debe a la pérdida estructural que ha sufrido Cataluña como consecuencia del auge secesionista, ya que, desde 2004, la contribución catalana al PIB nacional ha caído en 1,73 puntos porcentuales en comparación con Madrid.
De este modo, sólo en 2017, la pérdida cuantificada en millones de euros (sobre el PIB de España) asciende a 827,9 millones, pero si se suman los efectos desde 2004, puede concluirse que el procés ha costado, por el momento, 18.535 millones de euros.
Por último, el informe también cuantifica la diferencia entre el crecimiento real y el potencial de la economía catalana. De este modo, a fecha de 2017, la brecha ascendería al 3,9% del PIB catalán, un incremento importante aun teniendo en cuenta la crisis económica entre 2008 y 2013.
