"Este Gobierno hará todo cuanto esté en su mano para mantener y revitalizar -cada día- el consenso político y social sobre un asunto tan trascendental".
"Consenso y diálogo han inspirado los grandes acuerdos de nuestra democracia. Acuerdos que han sido fructíferos, que han beneficiado a tantos españoles y que tienen en el Pacto de Toledo una de sus más genuinas expresiones".
"Para mí las pensiones son una política de Estado".
"Abordar un asunto de esta trascendencia, requiere de un debate sereno y de un mínimo consenso".
"Este Sistema no se defiende sólo con palabras, sino que se defiende con realismo, con reflexión, con números y también, tengo que decirlo, evitando cualquier tipo de demagogia".
"Cuanto más nos importe la solvencia, la estabilidad y el futuro de nuestro Sistema, más deberá importarnos el consenso y la unidad a los que formamos esta cámara".
"Los pensionistas españoles, que son siempre un ejemplo de responsabilidad y también de solidaridad, no merecen actitudes frívolas".
Las anteriores siete citas están sacadas del discurso que este miércoles ofreció Mariano Rajoy en su intervención inicial en el Pleno sobre pensiones que se celebró en el Congreso de los Diputados. "Consenso", "diálogo", no caer en la "demagogia"… Una y otra vez, a lo largo de su alocución, el presidente del Gobierno apeló a ese acuerdo que, en su opinión, debe presidir la política sobre pensiones.
Y no fue el único. Si en algo coincidieron todos los portavoces de los grupos parlamentarios que subieron a la tribuna de oradores a dar la réplica a Rajoy es en estas grandes palabras: "pacto", "Políticas de Estado", "seriedad", no caer en el "alarmismo"… Desde Margarita Robles a Pablo Iglesias, pasando por Albert Rivera o Carles Campuzano (el portavoz del PDeCAT), la unanimidad fue manifiesta. Hay que acudir al Pacto de Toledo para sacar las pensiones de la arena electoral y construir una reforma que sea sostenible en el tiempo.
El problema es que luego el resto de sus intervenciones no parecían demasiado dirigidas a esa búsqueda del consenso. No hubo ni una sola propuesta que implique un cambio real en el sistema, ni un gesto de apoyo al Gobierno por las reformas aprobadas (quizás con la excepción de Rivera, que las respaldó de forma implícita), ni una palabra que indicase que no se utilizará este tema para 'rascar' votos. La apelación al acuerdo se termina exactamente ahí, diciendo que se quiere ese consenso… pero haciendo exactamente lo contrario de lo que se necesitaría para poder alcanzar ese consenso.
PP, PSOE, reformas y recortes
De hecho, quizás el exponente más claro de esta actitud lo haya dado, puede que sin darse cuenta, el propio presidente del Gobierno. Mariano Rajoy ha dicho lo siguiente sobre las últimas reformas aprobadas en nuestro país:
"Lo que les propongo es seguir avanzando sobre lo ya construido y no dar marcha atrás en ninguna reforma de las que se han hecho a lo largo de nuestra democracia. En ninguna. Cuando digo en ninguna, me refiero a las de 2013, a las de 2011 y a todas las que se han hecho en España en los últimos años".
"Nuestra segunda responsabilidad es actuar para hacer frente a los factores demográficos. Ese camino ya lo inició el Partido Socialista en el año 2011. Y no sólo no revertimos la reforma, sino que continuamos en esa dirección en 2013. El mismo camino y la misma dirección por la que transitan todos los países que quieren preservar y proteger, para el futuro, sus Sistemas de Pensiones. Todos están reformando -o pensando cómo hacerlo- sus Sistemas de Pensiones para tener en cuenta que vivimos más años y que, en algunos casos, nacen menos niños".
Puede parecer algo más o menos lógico. El presidente del Gobierno defiende las reformas aprobadas en 2011 y 2013, que han permitido controlar algo el incremento del gasto en pensiones. Y es lógico salvo por una pequeña salvedad: Mariano Rajoy y el PP votaron ¡en contra! de la reforma de 2011, que se aprobó con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa y que salió adelante con el único apoyo en el Congreso de CiU. Es decir, este miércoles el presidente ha reivindicado aquellos cambios contra los que él y su partido se manifestaron en 2011. Y lo ha hecho sin pedir perdón, sin explicar por qué votó hace siete años en contra, qué le ha hecho cambiar de opinión o por qué lo que entonces le parecía inaceptable ahora lo considera un avance.
Cuatro de cuatro
Entre 2009 y 2013 España vivió una de las peores crisis económicas de su historia. La más grave del último medio siglo. Tan importante fue esta crisis que obligó al Gobierno de turno a aprobar medidas que siempre habían prometido que no tomarían. Primero le tocó al PSOE y luego al PP. En lo que hace referencia a las pensiones, la crisis se puede explicar en cuatro momentos. Y en los cuatro, sucedió lo mismo: el Gobierno de la nación se encontró solo y sin ningún respaldo para aplicar las complicadísimas decisiones que tenía ante sí.
- Mayo de 2010: tras un fin de semana de infarto en Bruselas, Zapatero acude al Congreso a relatar las medidas de reducción del gasto que ha pactado con los socios europeos a cambio del apoyo de estos socios a España (con la prima de riesgo disparada y rumores sobre la imposibilidad de colocar la deuda española en los mercados). Una de esas medidas es la congelación de las pensiones para el año 2011. El PP votó en contra (y también casi todos los demás grupos de la oposición).
- Primer semestre de 2011: como parte del acuerdo con nuestros socios de la UE, el Gobierno logra un pacto con los agentes sociales para cambiar las reglas de acceso al sistema. Se retrasa la edad de jubilación a los 67 años, se amplía el período de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años y se sube el mínimo número de años cotizados para tener derecho al 11% de esa base reguladora. Es una reforma paramétrica de extraordinaria importancia, que ya está suponiendo un ahorro en el sistema (a costa, eso sí, de pensiones algo más bajas para los nuevos jubilados). El PP votó en contra.
- Otoño de 2012: en el primer semestre de 2012 vuelve la crisis de la deuda soberana a la Eurozona. España, de nuevo, está en el ojo del huracán. Y Rajoy tiene que pedir la ayuda de sus socios europeos para sanear el sector financiero. Además, España consigue el ansiado respaldo del BCE (aquellas palabras mágicas de Mario Draghi de que haría lo que fuera "necesario" para "salvar el euro"). Pero a cambio tiene que hacer un esfuerzo de reducción del déficit. Así, en noviembre de 2012, el Gobierno del PP se ve obligado a traspasar una de sus líneas rojas: los pensionistas. Lo hace de forma diferente a Zapatero, pero con similares consecuencias: a comienzos de 2013 los jubilados españoles no recibieron la compensación por la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron (la diferencia entre lo que subieron las pensiones de acuerdo a la previsión oficial para ese año 2012 y lo que subió en realidad el IPC). Y, como es lógico, tampoco se consolidó su prestación con esa subida del IPC (como marcaba la ley y se hacía año tras año). El Gobierno aseguró entonces que no le quedaba más remedio que tomar aquella complicada decisión. El PSOE votó en contra.
- Primavera y verano de 2013: el PP aprueba su reforma de las pensiones tras encargar un informe a un grupo de sabios de muy diferente procedencia (había varios en el grupo que habían trabajado para la administración socialista). La primera novedad es el Índice de Revalorización de las Pensiones que sustituye al IPC: a partir de ahora, la subida anual dependerá también de los ingresos y gastos del sistema. El segundo gran cambio es el Factor de Sostenibilidad, que reducirá la primera pensión, en el momento de la jubilación, en función de la esperanza de vida. En la reforma del PSOE de 2011 ya se había introducido un esquema no tan diferente a este factor de sostenibilidad. Y, como decimos, varios de los expertos eran muy cercanos al PSOE o habían trabajado para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas votaron en contra de esta reforma.
De la oposición al Gobierno
En los últimos meses, Rajoy ha pedido a la oposición, en especial a Pedro Sánchez que no caiga en la demagogia, sentido de Estado, no electoralismo, seriedad... Lo que no ha hecho en ningún momento (quizás este miércoles era la ocasión perfecta) es explicar por qué dijo lo que dijo en 2010 y 2011. Por qué cuando un Gobierno socialista, en un momento crítico para España y con el país al borde de la quiebra, aprobó un recorte de las pensiones y una reforma del sistema no tan diferentes a los que el PP ha sacado adelante… por qué entonces votó en contra. Y por qué ahora reconoce que al menos la reforma no estuvo mal planteada.
También es cierto que no está el PSOE como para dar lecciones en este campo. Por ejemplo, Margarita Robles, la encargada este miércoles de defender la posición de su partido, ha acusado de todos los males posibles al Gobierno y le ha culpado, como Pedro Sánchez ha hecho de forma reiterada en los últimos meses, por no hacer nada para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas (sacando, de nuevo, la vuelta al IPC para la revalorización anual, sin explicar en absoluto cómo cerrarían el agujero de déficit, de 18.000 millones, que presenta la Seguridad Social).
Y eso por no hablar de Pablo Iglesias o de los portavoces de los partidos minoritarios, que han acusado al Gobierno de todo tipo de malvados planes para esquilmar (no está muy claro con qué fin) a los ancianos españoles. Sólo Albert Rivera ha pasado ligeramente de puntillas sobre este tema y ha realizado una apelación genérica al consenso sin entrar en demasiadas críticas a los dos grandes partidos. Eso sí, el político catalán no ha querido, tampoco esta vez, mojarse mucho: si hay una cuestión en la que Ciudadanos se pone de perfil y se queda en los lugares comunes, ese tema es el de las pensiones. No se conoce cuál es la propuesta real de los naranjas respecto a las pensiones, más allá del consabido crear empleo de calidad o acudir al Pacto de Toledo.
En realidad, ese Pacto de Toledo, esa foto todos juntos, esa apelación al consenso es en lo único en lo que están de acuerdo. Todos aseguran que no quieren politizar el debate ni hacer electoralismo, y sin embargo se antoja complicado encontrar un tema más politizado y en el que encontremos más demagogia. Y todos los gobiernos saben que es su punto débil: la situación financiera de la Seguridad Social obliga a tomar medidas impopulares y la oposición no dejará pasar ni una para conseguir un buen titular. Es lo que ocurrió en 2010, 2011, 2012 y 2013. En cada ocasión, el Gobierno se encontró solo, sin ningún apoyo. Este miércoles, al menos, Rajoy ya ha reconocido que la reforma de 2011 fue un paso adelante. Y luego ha pedido consenso. Ese consenso que el PP en 2011 no ofreció. ¿Lo conseguirá esta vez del PSOE? No parece que tenga muchas posibilidades.