La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo recibe de forma periódica distintos informes del Ministerio de Empleo que permiten evaluar con datos oficiosos la evolución del sistema de pensiones a corto, medio y largo plazo. Aunque la naturaleza de estos trabajos acostumbra a ser confidencial, el periodista Carlos Segovia, de El Mundo, se hizo con uno de estos estudios. A raíz de dicha publicación sabemos que los técnicos del Ministerio admiten la insostenibilidad fiscal y financiera de un sistema de pensiones en el que la renta que cobran los jubilados dependa del IPC.
Según la documentación de Empleo, si el crecimiento medio es del 2,8% durante los próximos diez años, el peso de las pensiones va a pasar del 11,7% al 13,9% del PIB. En el caso de que la economía se expandiese a un nivel medio del 3%, el desembolso ligado a las pensiones subiría del 11,7% al 13,6% del PIB entre 2018 y 2028.
Las proyecciones a las que ha tenido acceso Segovia también plantean un escenario de largo plazo. Así, con un crecimiento medio del 2,8%, las pensiones tienen un coste del 19% del PIB en 2050, mientras que, con una expansión anual del 3%, el coste de pagar las jubilaciones llega al 17,8% al final del período.
Encarecimiento del 20% en el IRPF
Pero, ¿qué hay de la propuesta de ligar pensiones a IPC, como defienden distintos partidos de izquierda? Para responder a esta pregunta, debemos ir paso por paso. Para empezar, como es sabido, hay que recordar que el déficit que ahora registra la Seguridad Social significa que el pago de cotizaciones no es suficiente para respaldar todas las pensiones entregadas a los mayores.
Precisamente por este motivo, porque las pensiones están en rojo, el gobierno de Rajoy ha tenido que respaldar el pago de las pensiones acudiendo a mecanismos extraordinarios: primero, la hucha de las pensiones; después, la emisión de deuda pública. Por tanto, si los pensionistas no han visto reducidas sus prestaciones es precisamente porque se ha compensado el déficit a base de activar estas medidas no convencionales.
Ahora bien, quienes plantean aumentar los ingresos del sistema para tapar el agujero de las pensiones suelen ser muy vagos a la hora de detallar sus propuestas. De hecho, cuando sí lo hacen, caen en la demagogia habitual de PSOE o Podemos, que aluden a "impuestos a las grandes fortunas" o "impuestos a la banca" como solución mágica capaz de explicarlo todo.
Pero la realidad es mucho más compleja. De hecho, la dirección general de la Seguridad Social del ministerio de Empleo ha estimado que el aumento de ingresos necesario para vincular las pensiones al IPC supondría una subida media del IRPF del 20%.
Pero ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cómo podemos estimar el impacto real de esa subida tributaria? Según los datos de recaudación, el trabajador español medio paga 3.000 euros al año por IRPF, de modo que una subida del 20% en el impuesto directo por excelencia se traduciría en un golpe de 640 euros anuales.
¿Y qué hay de las cotizaciones sociales? En este sentido, cabe recordar que un trabajador medio en España pierde el 40% de su sueldo bruto por el pago de IRPF y cotizaciones sociales. Esto nos sitúa cuatro puntos por encima del promedio de la OCDE, ya que la cuña fiscal observada en los países desarrollados alcanza el 36%. Hay quienes abogan por aumentar esta contribución, pero solo para las rentas altas.
También aquí hay motivos para la preocupación: podríamos acabar en unos tipos fiscales combinados sobre el trabajo del 70%, como ya ocurre en países de la eurozona que han optado por "destopar" las cotizaciones.