Pese a la falta de gobierno, la economía alemana estaba creciendo con intensidad en los últimos meses. Todos los indicadores de actividad (PIB, empleo, exportaciones, consumo…) reflejaban la buena salud del modelo teutón, marcado desde hace tres lustros por la búsqueda de la competitividad en un contexto de austeridad pública y privada.
Pero la urgencia política ha empujado a la canciller Ángela Merkel y a su partido la CDU a buscar a toda costa un acuerdo de gobierno con los socialdemócratas del SPD. Las tensas negociaciones entre ambas facciones se han prolongado durante dos meses, pero han resultado en un acuerdo que contempla buena parte de las medidas que avanzó Libre Mercado hace algunas semanas.
El mercado de trabajo fue una de las áreas de negociación más delicadas. El resultado del acuerdo de gobierno es una restricción de la flexibilidad laboral, puesto que el SPD ha logrado que la CDU acuerde que los contratos temporales solo podrán realizarse cuando el empleador ofrezca una razón aceptada por la nueva legislación que se desarrollará durante la legislatura. También se va a introducir el "derecho a cambiar de empleo a tiempo completo a empleo a tiempo parcial, y viceversa".
En el ámbito de la agricultura, los conservadores han pactado introducir un nuevo etiquetado llamado a informar a los consumidores sobre el grado de "bienestar animal" que asegura cada explotación. A esto hay que sumarle la prohibición de los transgénicos o el veto a la producción con determinados ingredientes, dos medidas reivindicadas por la izquierda que la derecha ha terminado incorporando en el pacto.
También habrá cambios en el terreno de la tecnología. El SPD ha exigido a Merkel la aprobación de un "programa de digitalización valorado en miles de millones de euros". La canciller teutona también ha cedido en esto, consagrando en el acuerdo de gobierno el "derecho a una conexión a internet de alta velocidad", que debería ser una realidad en 2025.
Otro asunto espinoso es el de la energía, donde las propuestas de los socialdemócratas también van a prevalecer, resultando en la aprobación de nuevos topes a las emisiones contaminantes. La medida coge por sorpresa a sectores como el transporte o la industria, que ya han expresado su recelo ante el acuerdo.
Todo tipo de cesiones ante la izquierda
Merkel también ha cedido en el terreno de la educación. Hasta ahora, la inversión en las escuelas e institutos del país estaba limitada a los gobiernos regionales. Sin embargo, CDU y SPD han pactado la reforma de esta cláusula, lo que abre las puertas a una creciente duplicidad en el gasto educativo, que ahora también emanará del Gobierno federal. De momento, este pacto ya supone un aumento del gasto valorado en 11.000 millones de euros.
Las concesiones de la derecha no terminan aquí. Por ejemplo, en lo tocante a la vivienda, los socialdemócratas han logrado que la CDU termine cediendo a la hora de aceptar un "tope al alquiler" que está llamado a limitar los precios que fijan los propietarios de vivienda en los contratos de arrendamiento.
Además de todo lo anterior, Merkel cede el control del Ministerio de Finanzas, así como la titularidad de otras carteras de peso. El socialdemócrata Olaf Scholz se convertirá en el nuevo hombre fuerte de Berlín para los asuntos económicos. De momento, el nuevo ministro ha criticado el rol que ha venido jugando su país en la Eurozona, pero también ha insistido en que el nuevo Gobierno cumplirá con las metas de austeridad fiscal fijadas en legislaturas anteriores por el conservador Wolfgang Schaeuble.
Por otra parte, las rebajas fiscales que había prometido Merkel parecen caer en saco roto. Se plantea una revisión al alza de las cotizaciones sociales y, como mucho, un tímido recorte del Impuesto sobre la Renta, concentrado en rentas bajas. No habrá, por tanto, un alivio tributario a la altura de lo que esperaban las clases medias que dieron su apoyo a la CDU en las últimas elecciones.
Las medidas no generan entusiasmo desmedido entre las bases de la izquierda, pero tampoco satisfacen a los votantes de Merkel. La propia canciller, que lleva doce años en el gobierno, reconoció en una entrevista con la televisión pública que el acuerdo ha generado "frustración" y "desencanto" entre los simpatizantes de su agrupación política.