Que la política es un campo abonado para el engaño y la demagogia no es ningún secreto, pero que estas artimañas tan típicas de los partidos se empleen con los jubilados y sus prestaciones constituye una enorme irresponsabilidad. La izquierda, tanto a nivel político como mediático, ha visto en el sistema de la Seguridad Social un flanco por el que atacar al Gobierno a cuenta de la revalorización de las pensiones del 0,25%, ya que, entre otras razones, este colectivo es uno de los grandes caladeros de votos del PP.
Así, mientras que el PSOE promete volver a ligar las pensiones al IPC y anular el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019, y que liga dicha prestación a la esperanza de vida de los españoles, Podemos pretende regresar al modelo previo a 2011, sin importar el inasumible coste que ello supondría para las arcas públicas. Así pues, el problema de fondo no solo consiste en que ambos partidos usan de forma torticera e interesada al colectivo de pensionistas, cuyo número ronda los 9 millones de personas, sino que les mienten de forma descarada, ya que o bien sus promesas no se cumplirán nunca o bien, en el peor de los casos, se llevarían por delante la solvencia financiera del Estado y, por tanto, las prestaciones que tanto dicen defender, tal y como, por desgracia, ya sucedió en Grecia, donde los jubilados acabaron sufriendo recortes del 30% para evitar la quiebra.
Además, el papel que están protagonizando algunos medios de comunicación en esta materia, azuzando de forma mezquina y maniquea a los pensionistas para que se revuelvan contra la subida que establece la ley, resulta vergonzoso. Es evidente que para algunos todo vale con tal de ganar votos, inclusive engañar a millones de españoles que, tras largos años de duro trabajo y sacrificio, disfrutan ahora de un merecido descanso en su edad de retiro.
El sistema público de pensiones atraviesa graves dificultades financieras debido en parte a la fuerte destrucción de empleo que causó la crisis, pero, sobre todo, al declive demográfico que, al igual que sucede en otros países ricos, también sufre España. La viabilidad del vigente modelo de reparto depende, básicamente, del equilibrio que exista entre cotizantes y jubilados y el problema es que, si bien hoy la relación es dos a uno, en 30 años habrá un trabajador por cada pensionista, de modo que las prestaciones tenderán a bajar de forma progresiva. Así, mientras que, en la actualidad, un trabajador se retira con una pensión media equivalente al 80% de su último sueldo, en el futuro dicha cuantía se reducirá al 50% o incluso menos, perdiendo con ello calidad de vida, tal y como desde hace años llevamos advirtiendo desde Libertad Digital.
Lo triste es que ningún político está dispuesto a explicar esta realidad a los españoles, de modo que, en lugar de proponer medidas razonables y eficaces para complementar las futuras pensiones, prefieren jugar con las ilusiones de una parte importante de la población con el único objetivo de rascar votos. Tanto PP como Cs harían muy mal en caer en esta demagógica trampa tendida por la izquierda, puesto que, además de que poco o nada ganarían a nivel electoral, dañarían los intereses de sus propios votantes.
La solución a las pensiones no consiste en disparar el gasto y, por tanto, agrandar aún más el enorme déficit que ya padece la Seguridad Social, sino en impulsar reformas estructurales para flexibilizar al máximo la economía con el fin de impulsar el crecimiento, el empleo y la productividad, al tiempo que se elimina el abundante gasto público innecesario para reforzar las cuentas del sistema, se reducen los impuestos para aliviar el bolsillo de los contribuyentes y se facilita el ahorro para transitar hacia un modelo mixto o de capitalización que permita a los futuros jubilados mantener intacta su calidad de vida, tal y como ya ha sucedido en otras muchas economías desarrolladas.