No sólo son los pisos turísticos. Los ayuntamientos también ponen en su punto de mira a los hoteles. Las razones pueden ser variadas: el récord de visitantes extranjeros que ha registrado España en 2017, el creciente interés de las compañías hoteleras por el centro de las ciudades, la subida del precio de los alquileres, ciertos tintes de turismofobia o el propio afán regulatorio de los políticos.
Y ha sido Valencia la última ciudad en poner coto a los alojamientos turísticos, un concepto que incluye a las viviendas de alquiler vacacional y a los hoteles. Esta semana, el consistorio que dirige Joan Ribó ha anunciado la suspensión cautelar de licencias para uso hotelero o de apartamentos turísticos en todos los barrios de Ciutat Vella, en pleno centro de la ciudad.
Tal y como explicó el concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Valencia, Vicent Sarriá, a partir de ahora "no se tramitarán más peticiones de licencias que comporten un cambio de uso de residencial a hotelero". Según sus previsiones, aprobarán la medida la próxima semana y la mantendrán en vigor "hasta abril o mayo", que será cuando den luz verde al Plan Especial de Protección de Ciutat Vella en el que se aplicará una nueva normativa para el distrito, que todo apunta a que será más restrictiva con los negocios turísticos.
El Ayuntamiento valenciano, dirigido por Compromís, PSPV y València en Comú, justifica este coto a las actividades turísticas debido a "la fiebre hotelera" que está viviendo su ciudad. De hecho, uno de los motivos que les ha llevado a tomar esta decisión es la solicitud de 70 licencias de obra y de actividad en muy poco tiempo, de las que 47 corresponden a hoteles y 23, a apartamentos. Según sus explicaciones, la norma no se aplicará sobre esta avalancha de licencias, que seguirán los trámites anteriores a la medida, aunque eso no significa que vayan a ser concedidas.
Cerco al turismo en Madrid y Valencia
Con esta medida, los responsables del ayuntamiento valenciano aseguran que no pretenden "abundar en la turismofobia, sino mantener el carácter residencial de los barrios del centro histórico frente a un fenómeno que en muchos casos provoca la expulsión de residentes, el aumento de los precios de la vivienda y del valor del suelo y la especulación".
En la misma línea de Valencia fue el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de enero. aunque por un periodo más largo de tiempo y con más empeño contra los pisos turísticos. El consistorio que dirige Manuela Carmena ha aprobado una moratoria de un año "con posible prórroga de otro" para los hoteles del distrito Centro y otra más amplia para los pisos turísticos, que incluye también otros distritos como Chamberí, Salamanca y Arganzuela. Además, pretende que las viviendas de alquiler vacacional sólo se puedan alquilar un máximo de 90 días al año.
El sistema es muy similar al del consistorio valenciano: se paraliza la expedición de licencias de cambio de uso residencial a hotelero hasta que se apruebe un plan que ponga más restricciones a las mismas.
Los argumentos del ayuntamiento de la capital para tomar esta decisión también son calcos. "La aparición de problemas de presión y saturación sobre algunas zonas de la ciudad que dificultan una relación y convivencia armónica entre residentes, comerciantes, hosteleros y turistas", es la razón que esgrime Ahora Madrid. A esto se le suma, el "impacto sobre la habitabilidad de los edificios, la convivencia y seguridad de las personas y la utilización del espacio público, la incidencia en el precio de acceso a la vivienda y el desarrollo del resto de actividades económicas".
Barcelona, la precursora
El veto al turismo es una de las cruzadas de Ada Colau. Nada más hacerse con la alcaldía de la ciudad en 2015, la líder de Barcelona en Comú anunció una moratoria para la concesión de licencias de alojamientos turísticos que todavía no ha levantado.
La medida estrella de Colau es más restrictiva que las de Madrid o Valencia, ya que incluye a toda la ciudad y además, no permite la aparición de ningún hotel, hostal o apartamento turístico ni de nueva construcción, ni el cambio de oficinas o residencial a hotelero.
La alcaldesa catalana justificó la paralización de las licencias en su objetivo de crear "un proceso de "reflexión pausado y ordenado" sobre el modelo turístico de la ciudad. Recordemos que Colau había expresado abiertamente, antes de llegar a la alcaldía, su intención de limitar el número de turistas que llegan a la ciudad mediante cruceros.
La moratoria de Colau paralizó de golpe unos 30 proyectos de hoteles que estaban en marcha en Barcelona, entre ellos, el de la famosa Torre Agbar, lo que provocó las críticas de las patronales catalanas.
Ganan los hoteles que ya están, pierden los turistas
Limitar la oferta de los servicios hoteleros en las principales ciudades de España influye directamente en el aumento sus precios, como se ha podido ver en Barcelona, para perjuicio del bolsillo de los visitantes y para beneficio de los hoteles que ya estaban activos antes de la aprobación de estas medidas.
"En los últimos 2 años Valencia ha tenido una recuperación asombrosa", asegura a Libre Mercado, la socia de la división de Hoteles de la consultora Irea, Laura Hernando. En el caso de Madrid o Valencia, "si la demanda turística sigue evolucionando como hasta ahora y la oferta sigue estancada es obvio que los precios van a subir a medio plazo", advierte.
Otra consecuencia que ha podido verse en la Ciudad Condal ha sido la pérdida de interés del capital inversor. Así, a lo largo de 2017, a los inversores no les ha quedado otro remedio que limitarse a comprar y vender los hoteles ya existentes en Barcelona. Pero esta práctica que se habría frenado en seco tras el referéndum ilegal celebrado en Cataluña, y supondría otro duro golpe para el sector. "No se ha vendido ningún hotel en Barcelona desde el 1 de octubre. Todas las transacciones se produjeron antes de septiembre", aseguró el pasado mes de enero el socio director del área de Hoteles de la consultora, Miguel Vázquez, en un encuentro con los medios. "A día de hoy tampoco se ha vendido ninguno", confirma Hernando.