Aún falta más de un año para la próxima cita con las urnas -habrá elecciones municipales, autonómicas y europeas-, pero la campaña electoral ya ha comenzado para los principales partidos políticos, que se han lanzado de lleno a la habitual y no menos maniquea tradición de plantear todo tipo de promesas, cuyo coste, por desgracia, recaerá una vez más sobre los hombros del sufrido contribuyente. Poco importa que España sea el único país de la zona euro que todavía no ha salido del procedimiento de déficit excesivo que marca Bruselas o que la deuda pública ronde el 100% del PIB, la mayor cifra del último siglo. Lo único que realmente preocupa a los políticos, sean del color que sean, es engatusar al incauto votante con medidas que o bien no podrá cumplir o bien, en el peor de los casos, crearán problemas añadidos a la frágil situación económica que padece nuestro país.
Todo ello ejemplifica una forma de populismo que, si bien puede adoptar un mayor o menor grado en función de las formaciones que lo ejerciten, se está convirtiendo en un elemento transversal de la política nacional, lo que es muy preocupante. El caso de las pensiones resulta, en este sentido, paradigmático, a día de hoy no hay ni un solo partido dispuesto a contar la verdad a los españoles: que el vigente modelo de reparto condena a la población a trabajar cada vez más tiempo para, a cambio, cobrar una pensión mucho más baja en el futuro. La razón última de este panorama, más allá de la destrucción de empleo que causó la crisis, radica en el inexorable envejecimiento demográfico que padecen la mayoría de economías desarrolladas.
A diferencia de otros muchos países, cuyos gobiernos ya han adoptado las medidas pertinentes para garantizar el poder adquisitivo de sus futuros jubilados, España, lejos de hacer lo que debe, se debate entre volver a ligar las pensiones a la inflación y derogar las dos últimas reformas que afrontó el sistema, la primera en 2011, con el PSOE, y la segunda en 2013, con el PP. De llevarse a cabo tales pretensiones, las cuentas de la Seguridad Social, simplemente, colapsarían a lo largo de la próxima década. Sin embargo, unos y otros insisten en mentir a la opinión pública diciendo, por un lado, que las pensiones están "garantizadas", al tiempo que prometen más y más gasto con la única finalidad de comprar votos de cara a las próximas elecciones. No en vano, el número de pensionistas supera los 9 millones. La irresponsabilidad en esta materia no puede ser mayor.
Y lo mismo sucede con la negociación que el Gobierno ha entablado con los funcionarios. Todo el debate gira en torno a la subida de sueldos y la reducción de horarios, mientras se estudia la posibilidad de volver a crear empleo público en términos netos. Ni una sola línea sobre la necesidad de eliminar organismos y entes inservibles para reducir la grasa del Estado o sobre cómo aumentar la eficiencia de los servicios públicos e impulsar la productividad de sus plantillas para atender de la mejor forma posible a sus clientes, que no son otros que los contribuyentes. Todo se reduce a cobrar más y trabajar menos. Pero, claro, el número de votos aquí asciende a cerca de 3 millones.
Y mientras tanto, el imprescindible debate acerca de cómo atraer inversiones, fomentar la actividad empresarial o crear empleo no tiene cabida en la agenda pública gracias, entre otros factores, a la inestimable ayuda de unos medios de comunicación que siguen con fidelidad las directrices populistas que marcan los diferentes partidos. España se vuelve a embarcar en un juego peligroso en el que las consecuencias de las decisiones gubernamentales no son tenidas en cuenta. Es evidente que los responsables políticos no han aprendido nada de las dolorosas lecciones de la crisis.