El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al "tomar razón" de la resolución de los contratos con sus actuales concesionarios.
A partir de ahora, se determinarán las fechas exactas en que cada una de las vías serán asumidas por el Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, según indicó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En concreto, el Gobierno ha autorizado la rescisión de siete contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4 Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y de la Circunvalación de Alicante.
Por el momento, sólo hay fecha para el rescate para tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles 21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado.
En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no ha anulado el contrato de dado que el proceso de concurso de acreedores en que han estado inmersas todas las vías en el caso de esta vía acumula cierto retraso y aún no ha llegado a la fase de liquidación.
El objetivo de Fomento con este rescate es"garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios" tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales, mientras se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas mediante un concurso público que "lanzará en los próximos meses", según recordó Méndez de Vigo.
Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por grupos concesionales como Abertis y Globalvía, grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr, y entidades bancarias.