El Banco Santander asegura en un escrito remitido a la CNMV que la adquisición de Banco Popular ha ahorrado a los contribuyentes el rescate público de la entidad por un valor de 36.000 millones de euros. Tal y como informa este martes Carlos Segovia en El Mundo, el texto señala que "esta actuación de Banco Santander ha evitado el terrible impacto que hubiera tenido sobre el mercado financiero español el concurso de Banco Popular y, además, se ha hecho sin que los contribuyentes tuvieran que soportar el coste de su intervención, a diferencia de lo que ocurrió en su día con otras muchas cajas de ahorro que precisaron de significativos apoyos públicos para asegurar su viabilidad, singularmente Bankia/BFA".
Así, en caso de que Banco Popular hubiera quebrado, el Tesoro tendría que haber salido al rescate de la entidad para, entre otras cosas, cubrir los depósitos de los clientes y, en este sentido, "baste recordar que el Ministro de Economía valoró que el coste que hubiera supuesto a las arcas públicas la caída del Banco Popular hubiera alcanzado los 36.000 millones de euros", señala el texto. Santander se hizo con el Popular por un euro en junio de 2016, pero tuvo que ampliar capital e inyectar liquidez para sanear el banco.
"Si Banco Santander no hubiera estado dispuesto a asumir el nuevo Banco Popular creado por la Junta Única de Resolución (JUR), los juzgados mercantiles madrileños previsiblemente se hubieran tenido que hacer cargo del concurso de acreedores de un gigante, en un procedimiento largo y perjudicial para trabajadores, clientes, acreedores y accionistas y [...] habiendo causado un grave perjuicio en el sistema económico-financiero español [...] El proceso de resolución de Banco Popular evitó esa situación (o un costoso y probablemente inviable rescate público)".
El escrito en cuestión ha sido remitido por el Banco Popular, propiedad al 100% de Banco Santander, para dar respuesta al expediente sancionador que ha abierto la CNMV por la concesión de indemnizaciones vitalicias a la excúpula del Popular entre 2013 y 2015. La filial del gigante financiero sostiene que tales hechos se produjeron antes de su adquisición: "No dejaría de ser paradójico que los mismos poderes públicos que resuelven una entidad y transmiten su negocio a un tercero, decidan exigir responsabilidad por hechos anteriores a la resolución a quien saben que nada tuvo que ver con esos hechos y evitó esa dramática situación".
Además, señala que "la continuidad de la personalidad jurídica de Banco Popular no lo es a todos los efectos, sino exclusivamente a aquellos que son imprescindibles para evitar perjuicios al interés general y proteger la seguridad del tráfico jurídico. Desde luego, entre esos efectos no está la imposición de sanciones por el poder público a la nueva entidad por actos de la entidad resuelta". Por último, recuerda que ha reclamando judicialmente las pensiones cobradas por el expresidente Ron y otros antiguos ejecutivos de Banco Popular.