Hacienda y los funcionarios están cada vez más cerca. Aunque las reuniones se llevan sucediendo desde hace meses, la semana pasada empezó la primera toma de contacto entre Cristóbal Montoro y los principales sindicatos de la Función Pública (CCOO, UGT y CSIF), y ayer lunes arrancaron las negociaciones oficiales. "Confiamos en que haya un acuerdo definitivo a lo largo de este mes", señalan fuentes sindicales a Libre Mercado.
Estén o no aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ya se ha comprometido a subir el sueldo a los trabajadores públicos. La propuesta de Hacienda es una subida salarial fija del 1,5% para 2018, mientras que para 2019, será del 1,75% y para 2020, del 2%. A estas cantidades habría que sumar otra parte variable que va a depender de la evolución de la economía española. Así, según sus cálculos, el incremento para los próximos 3 años irá desde un mínimo del 5,25% y hasta un máximo del 8%.
Otra reclamación de los sindicatos es que se vuelva a crear empleo público neto en nuestro país, y parece que Montoro también va a aceptar esta petición por primera vez desde el inicio de la crisis. Así, además de cubrir los puestos de los funcionarios que se jubilen, se generarán 200.000 empleos públicos extra.
Otras dos exigencias, sobre la mesa
La tercera exigencia de los funcionarios para que haya pacto con Montoro es la eliminación de los descuentos en la nómina por baja médica vigentes en la actualidad. Fue en julio del año 2012, en plena crisis económica, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto que asestaba un duro golpe a los funcionarios. Una de las medidas más polémicas fue el recorte de la prestación económica en los primeros días de baja de los funcionarios.
A partir de entonces, en caso de baja por contingencia común (enfermedades, maternidad y accidentes no laborales) el sueldo de los funcionarios se reduce un 50% durante los tres primeros días que no puedan asistir al trabajo. A partir del cuarto día, cobran el 75% de la nómina hasta el día 21, cuando vuelven a cobrar el 100%.
Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad . A partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive, podrá reconocerse la totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias.
"Se estaba penalizando el ponerte enfermo", señalan fuentes sindicales, quienes confían en que Hacienda de marcha atrás a la medida y los funcionarios vuelvan a cobrar su nómina íntegra desde el primer día de la incapacidad, algo que no sucede en el sector privado. Aunque el ministerio de Cristóbal Montoro todavía no se ha pronunciado públicamente al respecto, las mismas fuentes señalan que la propuesta está encima de la mesa.
El Gobierno tomó esta decisión dentro de un plan de lucha contra el absentismo laboral ante la existencia de un gran número de bajas laborales fraudulentas, sobre todo, de pocos días de duración. Además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aseguró que pretendía ahorrar con su implantación 1.000 millones de euros. Su aprobación puso en pie de guerra a los funcionarios, que a raíz de la crisis vieron reducidos muchos de sus privilegios, pero Montoro podría cruzar ahora la línea roja y revertirla 6 años después.
Sobre otro punto que sí se ha pronunciado Hacienda es la vuelta a la jornada laboral de 35 horas para todos funcionarios. Montoro estará dispuesto a reducírsela a los empleados públicos que trabajen por turnos, pero no de forma "generalizarla" como piden los sindicatos. Así, acabar con los descuentos por baja médica podría ser la solución para contentar a los funcionarios que sigan trabajando las actuales 37,5 horas semanales.