Álvaro Nadal, el hombre que le susurraba a la oreja a Mariano Rajoy como director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, desembarcó en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a finales de 2016 y, desde entonces, su principal mérito ha consistido en generar polémicas y enemistarse con energéticas y grandes inversores debido a sus constantes bandazos en materia regulatoria. Nadal ha entrado en el complejo y delicado sector de la energía cual elefante en cacharrería.
Así, nada más asumir la cartera, el primer charco que pisó fue el del precio de la luz. El invierno de de 2016-2017 se caracterizó por la escasez de viento y lluvia, que, sumado al parón de centrales nucleares en Francia y la subida del precio del gas en el mercado mayorista, acabó disparando el precio de la electricidad que pagan familias y empresas. Sin embargo, en ese particular contexto, al ministro no se le ocurrió otra cosa que alimentar el alarmismo existente anunciando que la luz podría subir hasta 100 euros al año si se mantuvieran las condiciones climatológicas existentes entonces.
Asimismo, dejó caer en varias ocasiones que parte del encarecimiento se debía a las dudosas prácticas de las empresas a la hora de fijar los precios en el mercado mayorista, motivo por el cual Nadal, muy favorable al intervencionismo económico, aprovechó la oportunidad para empezar a meter mano en el sector. Entre otras cosas, obligó a las gasistas a elevar sus reservas de gas para hacer frente a posibles picos de la demanda y puso en marcha la figura del creador de mercado, con el fin de que los operadores dispusieran en cualquier momento de un volumen de gas negociado suficiente para cubrir sus necesidades. Puro electoralismo, según las compañías, ya que los precios del gas dependen, en gran medida, de los mercados internacionales.
Asimismo, otro de los grandes frentes abiertos tiene que ver con el bono social. El Tribunal Supremo anuló la forma de financiar la tarifa subvencionada de la luz al entender que no la tienen que costear las eléctricas, de modo que obligó a indemnizarlas. La sentencia consideró que el coste de ese descuento se carga de forma discriminatoria a las compañías sin que la Administración justifique adecuadamente la distribución de dicha carga.
¿La respuesta de Nadal? Crear un nuevo bono social que obliga a todas las empresas comercializadoras(y sus matrices) a cubrir la citada subvención en función de su cuota de clientes, en lugar de financiarla vía Presupuestos. Es decir, el ministro cambió la ley para mantener casi intacto el sistema que había anulado el Supremo. Como consecuencia, las grandes eléctricas recurrieron, una vez más, la nueva normativa ante los tribunales.
Garoña, Atlantia, carbón...
El cierre de Garoña también enfrentó a Nadal con las grandes compañías, especialmente con Iberdrola. El elevado coste de la remodelación para prolongar la vida útil de la planta burgalesa y, sobre todo, la ausencia de rentabilidad tras las fuertes subidas fiscales aplicadas por el Gobierno del PP a este sector hacían inviable económicamente su mantenimiento, razón por la que, finalmente, los propietarios optaron por su clausura.
Pero, en vez de afrontar el problema de fondo, Nadal quiere dificultar el futuro cierre de nuevas centrales endureciendo los requisitos de la clausura, así como cargando los costes del desmantelamiento a las empresas propietarias en lugar de que se encargue el Estado a través de la empresa pública Enresa, como hasta ahora.
La OPA de Atlantia sobre Abertis también se está convirtiendo en otro culebrón. A pesar de que la italiana cuenta con el visto bueno de los reguladores, el ministro se ha escudado en la necesidad de que la operación con la luz verde del Gobierno para intentar torpedear la compra, empleando como excusa la naturaleza estratégica de Hispasat, la red de satélites perteneciente a la concesionaria de autopistas. Tanto es así que Nadal amenazó incluso con llevar a los tribunales a la CNMV por sus diferencias respecto a la citada OPA lanzada por Atlantia, generando de paso un creciente malestar en el ministro de Economía, cuyo puesto aspira a ocupar Nadal en caso de que Luis de Guindos aterrice en el BCE.
Por si todo esto fuera poco, el ministro de Energía quiere mantener abiertas las centrales de carbón, en contra de la estrategia que lidera Iberdrola, favorable a su cierre paulatino. En los últimos años, la compañía ha clausurado entre 14 y 15 plantas de fuel o de carbón en todo el mundo y su intención es cerrar las dos pendientes que tiene en España -en Castilla y León y Asturias-. El Gobierno, sin embargo, se niega bajo el argumento de que es necesario garantizar el suministro energético. De hecho, Nadal está estudiando un plan para que las minas de carbón puedan seguir abiertas más allá de 2018, aunque no sean rentables, a pesar de que el Gobierno acordó con Bruselas su cierre a partir de 2019.
Su última polémica, al menos hasta el momento, tiene que ver con los cambios regulatorios que pretende aplicar a la distribución y al transporte de gas y electricidad, cuyo recorte de tarifas se está saldando con fuertes pérdidas en bolsa entre las energéticas. El Gobierno pretende lograr un ahorro de 200 millones en el sistema eléctrico y de 50 millones en el sector gasista. Las empresas avanzan que dicha reducción se traducirá en un descenso sustancial de la inversión en redes e infraestructuras, mientras que los inversores internacionales se quejan de la elevada inseguridad jurídica que está generando el ministro con este tipo de medidas.
Se queja de la "conflictividad judicial"
Nadal, sin embargo, hace oídos sordos. El pasado lunes pidió al sector rebajar la "conflictividad" judicial, dejando de recurrir toda la legislación que elabora el Gobierno. El ministro afeó a las compañías el alto nivel de litigiosidad: "Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro", comentó durante su intervención en el VI Simposio Internacional Funseam 2018.
"Tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector y ocurre menos en el gas que en la electricidad. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae", señaló Nadal. "Estamos en un toma y daca que no tiene sentido". La guerra, pues, continúa...