El antiguo presidente del grupo Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, y el resto de su cúpula directiva serán juzgados por ocho delitos, acusados de maquillar las cuentas de la empresa para ocultar millonarias deudas y estafar así a inversores y clientes. Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, José de la Mata, quien ha dictado auto de procedimiento abreviado tras cerrar una fase de instrucción que se ha prolongado desde 2013, cuando la compañía entró en concurso de acreedores.
El magistrado considera que existen indicios de los delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior.
En el auto figura que serán juzgadas por estos hechos 19 personas y 12 sociedades, entre ellas la propia Pescanova, mientras se archiva la causa para el que fuera por aquel entonces el secretario del consejo de administración, César Mata.
De la Mata también ha optado por abrir una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade, así como a dos de sus hijos por unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra cuyos fondos, en torno a 3,4 millones de euros, no habían sido declarados ante la Hacienda española.
En la pieza central, la investigación judicial "ha permitido determinar que la insolvencia de Pescanova tiene su origen en prácticas irregulares ligadas directamente al área financiera del grupo", reza el documento.
Concretamente, su modus operandi pasaba por obtener financiación de los bancos a través de créditos "documentarios" en base a operaciones "inexistentes o simuladas" sin que estas entidades financieras supieran que eran falsas.
También conseguían fondos de estos bancos a través de "un entramado de sociedades instrumentales que actuaron como supuestos clientes y proveedores con el fin de generar facturación ficticia susceptible de descuento bancario y contabilizar resultados inexistentes".
Según los datos recabados por la audiencia, sólo en las cuentas del grupo Pescanova del año 2012 se ocultó un "agujero" de al menos 1.939 millones de euros de deuda bancaria.
De las 31 personas físicas y jurídicas señaladas por el juez, el único que deberá responder por todos los delitos es Manuel Fernández de Sousa, a quien acompañarán en el banquillo por diferentes cargos su mujer, María Rosario Andrade, su hermano Fernando y su hijo Pablo Javier.
El juez también recuerda el elevado número de accionistas -tanto particulares como empresas- que adquirieron acciones de Pescanova en el mercado de valores o participando a la operación de aumento de capital de 2012, tras confiar en una "información de signo positivo proporcionada por los responsables de la sociedad en la que se ocultaba su situación de insolvencia".