El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han puesto como fecha límite el mes de febrero para llegar a un acuerdo sobre la subida de los sueldos de los empleados públicos, debido a que el Gobierno tiene previsto presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el mes de marzo, según han explicado fuentes sindicales tras reunirse con el ministro.
Las negociaciones se retomarán el próximo lunes 12 de febrero la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y Montoro se ha comprometido a no abandonar la negociación, tanto si se presentan los PGE como si no. En este último caso, ha asegurado que no habrá congelación salarial y que se aprobará una oferta pública de empleo para 2018 por la vía de real decreto, según ha explicado el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra.
El coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, ha indicado que Montoro ha manifestado la "necesidad e importancia" de que exista un acuerdo, para lo que los sindicatos le han planteado dos condiciones fundamentales: recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis y recuperar el estatuto básico de los funcionarios "en todas sus dimensiones". El secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, ha advertido que no podrá haber acuerdo a no ser que se reviertan "algunas de las decisiones unilaterales en materia de derechos" que el Gobierno ha llevado a cabo en los últimos años.
En cualquier caso, Montoro subirá el sueldo a los funcionarios públicos y presentará una oferta de empleo en la que, por primera vez desde que comenzó la crisis, se podría volverá a crear empleo neto, más allá de la cobertura de las bajas por jubilación, ha celebrado CSIF. "Este año puede ser el primero en el que no solamente no se pierda empleo público sino que se empiece a recuperar parte de los 200.000 puestos de trabajo que se perdieron durante la crisis", ha apuntado Borra.
Las negociaciones forman parte de la actualización de las condiciones laborales de los funcionarios y de los trabajadores del sector público, que ya se iniciaron en septiembre y que quedaron paralizadas por la situación política en Cataluña ante el desafío independentista. La oferta de Hacienda consistía en subir entre un mínimo del 5,25% y un máximo del 8% para los tres próximos años.
En detalle, el incremento que ofreció Hacienda contempla una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española. Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020. En la práctica, el salario de los funcionarios podría subir un máximo del 2% este año, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2019.
Hacienda y sindicatos han aceptado comenzar las negociaciones a partir de esta propuesta, si bien han advertido de que es "insuficiente" y "no garantiza la recuperación de poder adquisitivo". "Estamos en un proceso de negociación en el que se han perdido dos meses por parte del Gobierno de forma inexplicable, pero que parte del suelo que existía en septiembre", ha indicado Fernández. "No podemos volver atrás", ha apostillado Lacuerda.