La Junta Única de Resolución europea consideró el 5 de junio que el Banco Popular era solvente, si bien advirtió de la crisis de liquidez por la retirada de depósitos que finalmente llevó a su resolución sólo dos días después, según se desprende de su informe de valoración publicado este viernes.
La JUR no ha revelado, sin embargo, datos sobre las salidas de depósitos de la entidad ni sobre la liquidez de emergencia que recibió del Banco Central Europeo, algo que achaca a que la institución de Fráncfort "como propietario de dicha información se ha opuesto a su publicación".
"La valoración provisional no indica que el banco sea insolvente", dijo la JUR en las conclusiones de su informe contable, el primero que valoró la entidad. No obstante, el organismo europeo encargado de las resoluciones bancarias en la eurozona, subrayó que "la liquidez y las condiciones del GBP (Grupo Banco Popular) están desencadenando la valoración de 'inviable o en vías de serlo'" tal y como señaló el Banco Central Europeo a través de su Mecanismo Único de Supervisión.
La JUR publicó este viernes las versiones no confidenciales -tras eliminar las partes sensibles- de este documento, del informe de valoración hecho por la consultora independiente Deloitte el 6 de junio, el plan de resolución que había elaborado con el Popular en 2016, las cartas que se enviaron a los potenciales compradores, y una versión más amplia de la decisión de resolución publicada en junio.
La publicación llega a instancias de su panel de apelación, para dar respuesta a las demandas de los accionistas y bonistas que perdieron toda su inversión en la operación, que conllevó la venta del Popular al Banco Santander por el precio simbólico de un euro y la amortización a cero de sus inversiones. En su informe de valoración, la JUR indicó que la liquidez era el "factor clave" que estaba desencadenando la caída, y señala que la entidad había visto "importantes salidas de efectivo (...) entre el 31 de marzo y el 1 de junio de 2017, que llevó a un severo deterioro de su base de depósitos".
Señala que la situación empeoró a raíz de la "cobertura mediática", el anuncio de que tendría que proceder a una ampliación de capital y la rebaja de su rating y que las salidas de depósitos fueron especialmente agudas el 12, 16, 22 y 31 de mayo y el 1 de junio. La JUR, sin embargo, ha ocultado en el documento todos los datos concretos sobre la situación de liquidez de la entidad, el monto de depósitos que salieron, la liquidez de emergencia que recibió o el colateral que proporcionó hasta quedarse sin suficiente para seguir recibiendo esa ayuda de emergencia del BCE. Fuentes de la agencia insisten en que esto ha sido decisión de Fráncfort.
Estos documentos serán esenciales para que los equipos legales de los inversores que sufrieron pérdidas y han recurrido la decisión ante los tribunales europeos y españoles preparen sus defensas. La JUR aún tiene pendiente de publicar, previsiblemente en primavera, un tercer informe que elabora actualmente Deloitte para determinar si estos inversores sufrieron un peor trato con la resolución, del que hubieran tenido en caso de liquidación, lo que sería contrario a las normas europeas.