Una de las grandes obsesiones del Podemos consiste en declararle la guerra a los propietarios de viviendas, ya que, desde su nacimiento como partido, plantea la cesión obligatoria de inmuebles a la Administración Pública con el fin de fomentar el "alquiler social", así como la legalización de los okupas y la prohibición de los desahucios -por impago de hipoteca o alquiler-, impidiendo así a los legítimos dueños la recuperación de su propiedad.
Aunque, al principio, la formación morada insistía en que su objetivo se centraba en los pisos de bancos e inmobiliarias, lo cierto es que en 2015 ya hablaba abiertamente de empresas y particulares, siempre y cuando poseyeran más de diez viviendas. De este modo, los "grandes tenedores" se verían obligados a ceder sus inmuebles en "alquiler social" -con un precio inferior al del mercado-, bajo la amenaza directa de sanciones económicas o expropiación forzosa, en caso de que permanecieran vacíos. Además, una vez abierta la veda, nada impediría bajar el citado umbral de 10 viviendas para extender este tipo de expropiaciones a todo tipo de propietarios.
Siguiendo los pasos de Baleares
Ahora, aprovechando la presentación de su proyecto alternativo de Presupuestos, Podemos detalla un poco más su particular "Plan de Alquiler de Viviendas a Precios Sociales", cuyo coste estima en 700 millones de euros para las arcas públicas en 2018. En concreto, su propuesta se enmarca dentro de las 15 que hace la formación para "cambiar un país".
Consiste en desarrollar "una ley de vivienda similar a la que en este momento se tramita en el Parlamento de las Islas Baleares, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de viviendas de alquiler a precio asequible o alquiler social. Se pondrán a disposición del alquiler social hasta 120.000 viviendas de grandes tenedores (propietarios de más de diez viviendas) que lleven al menos dos años cerradas, mediante una cesión del uso de la vivienda desocupada a cambio de un precio de compensación a los propietarios".
Es decir, todos aquellos propietarios, tanto particulares como empresas, que mantengan vacías sus viviendas durante más de dos años correrían el riesgo de perder su propiedad mediante una expropiación de uso.
Según la ley que tramita Baleares, los "grandes poseedores" son las personas físicas y jurídicas que, directa o indirectamente -a través de sociedades-, tienen diez o más viviendas en propiedad, alquiler o usufructo y participan de manera activa en el mercado (desarrollan una actividad económica con los inmuebles).