El Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García Page con el apoyo de Podemos, ha puesto en marcha un decreto elaborado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas con el que se pretendía colocar a dedo a personal no funcionario en puestos directivos. Los requisitos establecidos por el Ejecutivo regional contemplan que para poder desempeñar este puesto se deben cumplir uno –o más– de estos tres supuestos: superar un curso de formación impartido por la administración, tener un máster oficial en dirección pública o haber sido directivo durante dos años.
El personal directivo sería nombrado a través de una RPT aprobada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Función Pública, previo informe de la Dirección General de presupuestos. "En resumen, quien decide el dedazo es Ruiz Molina (Podemos), como Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, que de esta manera se convierte en el cacique de la Junta, al tener que pasar por sus manos el nombramiento de todas las personas que se designen para ocupar las direcciones provinciales, las coordinaciones nivel 30 y nivel 29, e incluso las jefaturas de servicio o la dirección de los centros públicos de la Junta", denuncian desde el sindicato Stas-CLM.
El decreto también recoge la alternativa que se le dará a estos cargos una vez el Gobierno castellanomanchego sea controlado por un partido de distinto signo. "El personal directivo tiene derecho a la suspensión de su nombramiento con reserva de plaza", recoge el texto. Esto supone que, si en las elecciones autonómicas de 2020 en Castilla-La Mancha llegase al poder el PP y prescindiese de los cargos nombrados por el PSOE y Podemos, los directivos tendrán derecho al cobro de un finiquito, "que puede llegar a ser millonario", denuncian desde Stas-CLM.
En los primeros párrafos del decreto se observa que para ocupar uno de esos altos puestos, se necesita ser funcionario del subgrupo A1 o A2. Pero seguidamente, se desdice y señala que esos cargos podrán ser desempeñados por personal no funcionario. "Lo que significa, por ejemplo, que cualquier alcalde defenestrado en las urnas pueda encontrar una puerta de atrás para el acceso a la Administración regional, con un contrato de alta dirección y sin necesidad de pasar ningún proceso selectivo. Y quien dice alcalde puede decir cualquiera de sus Amiguetes S.A.", señala el sindicato en su manifiesto.
Page negó la semana pasada que su Gobierno esté preparando un decreto para "colocar a altos cargos". Sin embargo, el presidente no ha desmentido la existencia de este texto en concreto, se ha limitado a señalar que las noticias publicadas contienen información "totalmente deformada". Por el momento, el PSOE ha retirado este decreto de la Comisión de Secretarios Técnicos, pero podrían llevarlo al Consejo de Gobierno.