El Consejo para la Defensa del Contribuyente es un órgano asesor de la Secretaría de Estado de Hacienda. Fue creado en la segunda mitad de los años 90, bajo gobierno de José María Aznar, y su primer presidente fue Javier Lasarte. El organismo se encarga desde hace veinte años de promover "la mejor defensa de los derechos y garantías del ciudadano en sus relaciones con la Administración Tributaria estatal".
Este desconocido ente elabora una Memoria de periodicidad anual en la que se explican las distintas quejas y sugerencias que reciben y tramitan las distintas ramas de la Administración central encargadas de asuntos fiscales. Se trata, por tanto, de un termómetro del grado de conformidad que muestran los españoles a la hora de pagar impuestos.
Según el último documento publicado por el Consejo, el número de quejas y sugerencias presentadas por los contribuyentes españoles ha subido un 70% en la Era Rajoy. Si en 2012 se recibieron 10.794 reclamos o propuestas, en 2016 han sido 18.562 las llamadas de atención remitidas a esta desconocida entidad.
Los catastrazos traen cola
Del total de quejas o sugerencias recogidas en la Memoria 2016 que ha elaborado el Consejo para la Defensa del Contribuyente, un 66% va dirigido a las actuaciones de la Agencia Tributaria, mientras que un 8% se centra en las decisiones tomadas por la Dirección General del Catastro.
Cabe recordar que esta última instancia administrativa lleva años revisado al alza el valor de los inmuebles, a pesar del desplome en su valor de mercado, lo que ha generado un encarecimiento directo o indirecto en impuestos como el IBI, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o la Plusvalía Municipal.
Este 2018, una nueva revisión al alza de los criterios de valoración se traducirá en una subida fiscal para los contribuyentes de 1.300 ayuntamientos. Entre las capitales de provincia que vivirán un mayor aumento tributario están Badajoz, Cádiz o Teruel. También se producirán fuertes aumentos en Valencia, Logroño, Huelva o Huesca.
Según la Memoria para 2016, las oficinas de la Agencia Tributaria no parecen funcionar de forma muy eficiente: 7.812 de las quejas y sugerencias presentadas tienen que ver con este punto. También generan enfado los tiempos de tramitación y de ejecución de las resoluciones: 2.124 reclamos a lo largo del último año aauditado.