La Administración Trump planea reformar algunas de las normas que regulan el sector bancario en EEUU. Se trata, en concreto, de la Ley de Reinversión Comunitaria, vigente desde 1977, que establece los criterios por los que los bancos americanos conceden préstamos a clientes con ingresos bajos y moderados.
Desde hace unos años, esta normativa se ha convertido en una fuente de conflicto y polémica en EEUU. Por un lado, los colectivos de izquierda quieren endurecer esta ley para que se cumpla con mayor intensidad, mientras que, por otro, las entidades financieras aseguran que es una regulación demasiado burocrática y, además, no se adapta a los cambios tecnológicos de los últimos años. Algunos economistas, como Thomas Sowell, la señalan como la principal culpable de la burbuja inmobiliaria y, por tanto, de la crisis nacida de su pinchazo.
Lo que esta ley habilitó fue la creación del CRA, un mecanismo para impedir que los bancos no concediesen préstamos en ciertos barrios pobres. En los años 60 y 70, solía ser habitual que las entidades no prestasen dinero a personas que vivían en determinadas zonas y barrios marginales del país debido a su menor solvencia financiera. Esta obligación fue, de hecho, una de las herramientas regulatorias que contribuyeron a la creación de las famosas hipotecas subprime –préstamos concedidos a familias sin ingresos–.
Aunque el pasado año ya se modificaron algunos criterios del CRA para que los bancos no fueran tan sancionados, ahora el Departamento del Tesoro planea una nueva reforma. Desde los grupos de izquierda indican que dicho cambio puede suponer que las personas con rentas bajas tengan menos acceso a préstamos y servicios bancarios. Las entidades, por su parte, aseguran que podrían mejorar su labor para ayudar a las personas con bajos ingresos si la ley fuera más flexible y menos burocrática.
Con el paso del tiempo, el CRA se ha convertido en un instrumento para evaluar cuántos préstamos, sucursales e inversiones realizan los bancos en estos barrios pobres y, de este modo, calificar a las entidades –una mala nota implica sanciones y restricciones, incluida la prohibición de fusionarse con otros bancos–.
Lo que pretende ahora la reforma de Trump es que esta evaluación sea más transparente, moderna y coherente. La patronal bancaria pide, por ejemplo, que se tengan en cuenta los créditos concedidos a la construcción de infraestructuras en esas zonas más deprimidas para subir su nota y, así, evitar las citadas sanciones.