El ministro de Economía, Luis de Guindos, lleva años hablando de la importancia de favorecer el crecimiento empresarial. A comienzos de la pasada legislatura, su departamento de gobierno aprobó distintas normas orientadas a facilitar el desarrollo corporativo, como la que liberalizó los horarios comerciales en las grandes ciudades o la que avanzó hacia la consolidación de la unidad de mercado.
Ambas medidas fueron valoradas positivamente por los técnicos de Bruselas, que por aquel entonces miraban con lupa todo lo que hacía España. También fueron bien recibidas por la comunidad empresarial, que llevaba años esperando medidas de este calado. Pero seis años después, la cruda realidad es que el gobierno sigue mareando la perdiz y manteniendo en pie muchas de las trabas que se había comprometido a tumbar.
Hace ya medio año, Libre Mercado adelantó que el Ejecutivo había identificado más de 100 leyes que frenan el crecimiento empresarial. Para ser precisos, la Administración Rajoy identificó 130 obstáculos regulatorios, principalmente ligados a la normativa laboral o a las reglas de pago de los impuestos empresariales. Sin embargo, un semestre después, la simplificación o eliminación de estas barreras sigue pendiente de ejecución.
La pasada semana, Expansión explicó que el ministerio de Economía sigue reuniéndose con sindicatos, patronales y otras entidades para presentar su plan de acción. Por tanto, apenas se han producido avances desde el pasado verano y, de hecho, no consta ninguna propuesta legislativa orientada a agilizar la vida de las empresas.
Lo que está en juego
Entre las propuestas que recoge el documento estratégico del departamento que dirige Luis de Guindos están los siguientes puntos:
- Comité de empresa. La legislación vigente exige constituirlo a partir de los 50 trabajadores, pero el gobierno ve necesario levantar ese umbral hasta llegar a un número mucho más alto de asalariados.
- Auditoría. El requisito de una auditoría externa en las cuentas mercantiles se aplica a partir de los 5,7 millones de euros de facturación, pero el Ejecutivo estudia la revisión al alza de dicha cifra.
- Pago fraccionado del Impuesto de Sociedades. A partir de los 6 millones de euros de ventas, las retenciones suben del 18% al 20%. El objetivo del ministerio es evitar ese escalón fiscal.
- Liquidación del IVA. En la actualidad, las compañías que rebasan una facturación de 6 millones anuales se ven obligadas a presentar la liquidación del IVA mes a mes, frente a los tres meses de plazo de las firmas que venden por debajo de dicho umbral.
- Juzgados de lo Mercantil. La ronda de consultas que impulsó Luis de Guindos afloró numerosas quejas ligadas al funcionamiento de la Justicia. El gobierno ha planteado un refuerzo de los medios y una mejora del funcionamiento de los juzgados de lo mercantil.
- Abaratamiento de la luz. Desde el pasado invierno, Moncloa ha hablado de reducir los costes regulados de la electricidad, pero de momento no se han dado grandes avances en esta dirección.
- Unidad de Mercado. El Tribunal Constitucional tumbó la licencia única, de modo que la Administración Rajoy quiere buscar otras vías para favorecer la integración legislativa y acabar con la fragmentación normativa que introducen las comunidades autónomas. La CNMC podría tener un rol significativo en esta tarea.
El ruedo político: difícil pero no imposible
A priori, por mera coincidencia programática, buena parte de estas medidas debería contar con el apoyo parlamentario de Ciudadanos, de modo que cualquier propuesta legislativa de la bancada popular partiría de entrada con un respaldo significativo. Quizá un acuerdo amplio con el PSOE se antoja complejo, pero es posible que el tratamiento por separado de estas cuestiones ayude a que algunas salgan adelante con los votos de los socialistas. Por otra parte, aunque el PNV no ve con buenos ojos las normas de unidad de mercado, los nacionalistas vascos sí podrían estar abiertos a negociar sobre las demás cuestiones, lo que podría brindarle al PP los votos suficientes.
Sin embargo, los azules no han movido ficha y el ministerio de Economía parece conformarse con seguir ‘mareando la perdiz’ en vez de tomar medidas efectivas que permitan reducir de una vez por todas los trámites que impiden el crecimiento de las empresas.