Hace algunas semanas, Libre Mercado habló del infierno regulatorio del Impuesto de Sociedades. El tributo que grava los beneficios empresariales ha sido modificado en casi doscientas ocasiones desde que estalló la crisis. Buena parte de los cambios han tenido lugar en mitad del ejercicio fiscal, lo que ha añadido aún más presión a las compañías de nuestro país.
En total, han sido 35 las leyes, reales decretos-ley o reales decretos que han alterado las normas del Impuesto de Sociedades. Estas instancias han supuesto 198 cambios en las reglas de cálculo del tributo, tal y como ha denunciado la CEOE en un informe reciente. Pero sería un error limitarnos a analizar el número de modificaciones que ha sufrido este gravamen, porque la complejidad regulatoria del mismo va mucho más allá.
270 páginas
De hecho, tal y como explica el último código electrónico que ha elaborado el Boletín Oficial del Estado para explicar el Impuesto de Sociedades, la normativa general que detalla cómo se debe proceder a declarar por este tributo tiene una extensión de 270 páginas y está compuesta por cinco normas distintas.
En primer lugar está la Ley 27/2014, de noviembre, que supone actúa como norma general del Impuesto de Sociedades, con una extensión cercana a las 150 páginas. Dicha ley regula el hecho y la base imponible, la aplicación de deducciones, el concepto de la deuda tributaria, los regímenes tributarios especiales y otros regímenes varios.
La segunda pieza normativa de la que depende el Impuesto de Sociedades es el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. En este caso son más de 50 páginas las que necesita el BOE para exponer al completo esta norma complementaria. Y todo a pesar de que el preámbulo de dicho Real Decreto habla de la importancia de esta norma para "simplificar" el gravamen…
Hay, además, tres instancias más que regulan el tributo. Por un lado, la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, dicta el Régimen Fiscal de las Cooperativas. Por otro lado, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, instauran el reglamento tributario para entidades sin ánimo de lucro e iniciativas de mecenazgo. Otras 70 páginas de normativa.
33 horas de papeleo
Así las cosas, no es de extrañar que las empresas españolas pierden una media de 33 horas completando los requisitos administrativos del Impuesto de Sociedades, de acuerdo con el último ranking elaborado por PwC. Por comparación, una empresa con sede en Estonia dedica 5 horas al mismo trámite, mientras que el promedio en Irlanda es de 12 horas.
De hecho, si sumamos la carga de papeleo que supone Sociedades al peso que tienen impuestos como las cotizaciones sociales o el IVA, PwC estima que las compañías de nuestro país dedican 152 horas al año a cumplir con el fisco, por encima de las 50 horas de Estonia, las 55 de Luxemburgo, las 63 de Suiza, las 82 de Irlanda, las 83 de Noruega, las 93 de Finlandia, las 110 de Reino Unido, las 119 de Países Bajos o las 122 de Suecia.