El gobierno de Donald Trump acaba de publicar un informe que repasa el desempeño del Ejecutivo en clave regulatoria. Se trata de la Agenda Unificada de Medidas de Regulación y Desregulación (Unified Agenda of Regulatory and Deregulatory Actions), un documento preparado por la Oficina de Gestión Presupuestaria, instancia que cuelga directamente de la Casa Blanca.
Dicho informe subraya que "la Administración Trump está comprometida con una reforma integral de la regulación que persigue reorientar el paradigma hacia la reducción de las cargas normativas soportadas por los estadounidenses. A base de enmendar o eliminar aquellas instancias que son inefectivas, que están obsoletas o que introducen dictámenes contradictorios, la Administración Trump busca promover el crecimiento económico, favorecer la innovación y proteger las libertades individuales".
La Agenda Unificada va más allá y añade que "la Administración Trump está aplicando los principios tradicionales de revisión y reforma de las regulaciones existentes, lo que tiene como resultado la eliminación o reconsideración de numerosas reglas. Los distintos ministerios se han comprometido a analizar cuidadosamente el coste y el beneficio de cualquier acción regulatoria y desregulatoria. La idea es priorizar la maximización del beneficio neto de la regulación".
El gobierno de Estados Unidos añade también que "esta Agenda Unificada reconoce que lograr una reforma integral requerirá tiempo y un trabajo de análisis muy riguroso, así como una consulta continuada con el ámbito privado y una necesaria consideración del marco legal y de los valores sociales más relevantes. Es por ello que, con toda transparencia, se publica un documento de este calado, en el que se ofrece más información sobre los cambios que se están introduciendo".
La regla 3 a 1
Aunque la Administración Trump habló explícitamente de introducir dos medidas desregulatorias por cada nueva norma creada, lo cierto es que los planes de los ministerios para 2018 contemplan una ratio aún más liberal, con un compromiso de elevar esta ratio para conseguir que se tomen tres medidas desregulatorias por cada regla introducida. Si se cumple este anuncio, en 2018 se introducirán 131 instancias regulatorias, pero se aprobarán otras 448 de carácter desregulatorio (medidas de liberalización, flexibilización de normas vigentes, eliminación de decretos, etc.), de modo que se aprobarán 3,4 desregulaciones por cada 1 regulación generada.
Según la Agenda Unificada, "a lo largo de 2017 se han retirado o retrasado 1.579 normas que habían quedado pendientes de aprobación". Unas 635 reglas han sido completamente retiradas, otras 244 han sido suspendidas y 700 han pasado a la nevera regulatoria, quedando aplazadas hasta una revisión futura. La consecuencia de estas modificaciones es una desregulación neta que supone al sector privado el ahorro de 560 millones de dólares y el recorte de 15 millones de horas anuales en trámites y papeleo.